Devora empresa eólica un ejido de 7 mil hectáreas en Jalisco6 min read

Por: Sergio Hernández Márquez (@sergio2hm) / Primera parte

Con el problema del cambio climático, México se comprometió ante el mundo que evitaría en lo posible la quema de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, y una alternativa es el aprovechamiento del viento para mover aerogeneradores.

La propuesta no suena mal, excepto cuando las consecuencias las padecen los integrantes de comunidades donde se pretende instalar la infraestructura, como ahora sucede en el Ejido La Concordia, de Lagos de Moreno.

Ese núcleo agrario padece un aparente despojo por parte de una empresa de Nuevo León llamada Veleta, que obtuvo un contrato de arrendamiento sobre 7 mil 200 hectáreas para instalar cientos de aerogeneradores.

El problema es que esa superficie abarca la totalidad del ejido, esto es, las áreas comunes, el asentamiento urbano, las áreas agrícolas, las de agostadero… todo lo que fue otorgado en 1998 a los campesinos por parte del Gobierno federal en la creación de La Concordia.

La zona se ubica cerca de los límites con Aguascalientes y con el municipio de Ojuelos; en sus partes más elevadas hay formaciones geológicas que se elevan sobre los 2400 metros del nivel del mar, formando bellas mesetas donde el viento corre a plenitud.

Ahí es donde Veleta tiene la intención de modificar el paisaje montando grandes turbinas de generación eólica, como lo hizo a unos pocos kilómetros la empresa Dragon, de Ricardo Salinas Pliego, en territorio del municipio de Ojuelos.

De hecho toda esa zona es considerada, en el Atlas de Zonas con Energías Limpias, de la Secretaría de Energía, como susceptible y prioritaria para la instalación de empresas eólicas, por lo que el caso de La Concordia es representativo de lo que pueda suceder en adelante con estas empresas en el estado de Jalisco.

El problema con el proyecto de Lagos de Moreno es que, con la complacencia de la actual mesa directiva del Comisariado Ejidal que encabeza José Marín Aguilar Padilla, ya se arrendó por 30 años toda la superficie del ejido.

José Marín Aguilar Padilla, Comisariado Ejidal de La Concordia

El representante legal de la empresa, Mannti Crook Cummins, logró este contrato el 30 de agosto de 2015 otorgando a los ejidatarios el pago de un dólar por hectárea cada año, en los primeros dos años de contrato, tres dólares el tercer año, 4 dólares el cuarto año, y así hasta el séptimo año que daría 7 dólares anuales, según el documento.

Si la empresa Veleta comienza a generar energía eléctrica al colocar las turbinas en las mesetas del Ejido La Concordia, el negocio que se les ofreció a los ejidatarios, como socios, es de obtener máximo 5% de los ingresos de venta de energía eléctrica.

Esto es: el ejido pone sus tierras, pierde áreas de ganadería, se altera el paisaje y arriesga el control sobre su territorio para que Veleta se lleve el 95% del negocio.

La empresa no va sola, actúa bajo el impulso de la Secretaría de Energía del Gobierno federal, y los compromisos hechos por México ante el mundo para mitigar los efectos del cambio climático que tienen como meta para el año 2024 que el 35% de energía eléctrica se producirá evitando la quema de combustibles fósiles.

Conflicto social

La comunidad de La Punta es una de las más alejadas del territorio del municipio de Lagos de Moreno. Ahí es donde viven la mayoría de los integrantes del Ejido La Concordia, que ya se dividió en dos grupos antagónicos gracias a la eólica.

Los allegados a José Marín Aguilar Padilla, el comisariado ejidal, defienden las supuestas ventajas que les dará la llegada de la empresa a sus tierras, mientras que otro grupo de ejidatarios, que dicen ser la mayoría, cuestionan el hecho de haberse firmado un contrato en el que todo el ejido está arrendado.

“Hay división sobre ese caso porque vinieron a decirnos que querían usar la altura de la mesa (los cerros) para que se rentaran las partes altas del ejido pero en el contrato se sobrepasaron", cuenta Juan Aguilar Marín, quien hace unos años fuera Comisariado Ejidal. "No quisieron enseñarnos el contrato hasta que lo localizamos por nuestra cuenta, y hay partes que no estamos de acuerdo. De esa manera empezó el desajuste de la comunidad y estamos inconformes”.

Por su parte, Miguel Aguilar Marín subraya que el mayor desacuerdo es el contrato de arrendamiento que otorga las 7 mil 200 hectáreas del ejido.

“Ellos, el comisariado ejidal, dicen que nada más se van a ocupar la parte de la mesa, pero en el contrato dice todo lo contrario. Ellos nos dicen que no pasa nada, pero como no pasa nada si en el contrato dice todo lo contrario. Hubieran rentado sólo uso común, pero no estamos de acuerdo en que estén las 7 mil y nosotros vamos a manifestarnos a donde tengamos que hacerlo”.

Plaza Principal de la comunidad La Punta, en territorio de Lagos de Moreno

La versión de quienes defienden ese contrato es distinta. Eduardo Aguilar, hijo del Comisariado Ejidal, avala a Veleta y las condiciones que está firmado el arrendamiento, al considerar que trae ventajas.

“El proyecto de los aerogeneradores va a traer muchos beneficios para la comunidad y para la región…, aquí va a haber una inversión de 400 millones de dólares a la cual nosotros estamos catalogados como socios”, comenta Eduardo en entrevista.

“Por la capacidad del terrenos se habla de una gran cantidad de aerogeneradores. Sin exagerar de 150 para arriba porque la extensión es muy grande y eso va a ser en beneficio para todos los ejidatarios porque cada uno se va a beneficiar económicamente. Nada perjudica nuestra forma de vida con lo del proyecto porque lo que se va a aprovechar es el aire. Hay posibilidades de que empiece en menos de un año o un año”.

El conflicto socioambiental en el Ejido La Concordia ya inició.

Este domingo 23 de abril se pretende realizar una asamblea para ratificar el contrato con la eólica, mediante una votación en la que participarán avecindados que habrían sido integrados de forma ilegal al padrón de ejidatarios en una asamblea fantasma que nunca se realizó, fechada en mayo de 2016, con la aparente complicidad del personal de la Procuraduría Agraria.

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