Por: José Toral / Magis
4 de junio de 2026.-La mañana del domingo 22 de febrero de 2026, el señor David se dirigía a su vivienda en Lomas del Centinela, Zapopan, al norte del Área Metropolitana de Guadalajara. Iba a bordo de un autobús del transporte público cuando sujetos armados detuvieron la unidad. “Estuvo feo”, recuerda el trabajador días después, “a mí me tocó que me bajaran y nos encañonaron ahí. Quemaron el camión, pero gracias a Dios no me pasó nada”. De pronto, David no sólo se quedó sin posibilidad de llegar a su casa, sino que también perdió la tranquilidad al estar en la calle. Tras conseguir un vehículo de plataforma que lo pudo llevar a su hogar, se encerró: “Estuve resguardado todo el día en mi casa, no salí para nada”.
El autobús donde viajaba David fue uno de los más de 800 vehículos incendiados en Jalisco durante bloqueos de vialidades ese 22 de febrero, y más de mil en todo el país, como parte de la reacción violenta del crimen organizado frente al operativo en que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho. Como saldo del operativo llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco, reportes oficiales confirmaron la muerte de al menos 27 elementos de seguridad, la mayoría de la Guardia Nacional, así como de cerca de 40 presuntos criminales y de una ciudadana embarazada en un fuego cruzado en Zapopan.
La violencia desatada que vivió en primera persona no fue la única razón por la que David se encerró en su casa tras ser incendiado el autobús en que viajaba. Las autoridades llamaron a la población a resguardarse en sus casas y no salir a las calles, se suspendieron las clases en las escuelas para los días siguientes, así como las actividades de numerosas empresas y de oficinas de gobierno.
Tras los bloqueos y agresiones del 22 de febrero, la percepción de seguridad se desplomó en Jalisco. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cada trimestre y que, en el primero de 2026, se aplicó en 91 áreas urbanas de interés en el país. Jalisco concentra cuatro de las cinco áreas con mayor incremento porcentual en la percepción de inseguridad pública, al comparar los resultados de diciembre de 2025 con los de marzo de 2026. Puerto Vallarta es el punto con el mayor cambio del país, con 87 por ciento de aumento en cuanto a las personas que dijeron sentirse inseguras en el principal destino turístico de Jalisco. También hubo incrementos significativos, de entre 10 y 30 por ciento, en Zapopan, Tonalá y Guadalajara. De hecho, Guadalajara se posicionó como la segunda ciudad del país con la mayor percepción de inseguridad, pues nueve de cada 10 personas dijeron sentirse inseguras, una proporción sólo superada por Irapuato, Guanajuato. “Es una realidad que los operativos del 22 de febrero —definitivamente, lo tenemos que reconocer— tuvieron un impacto en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, es un hecho”, declaró el gobernador Pablo Lemus Navarro el pasado 24 de abril.
Pese al temor, luego de los sucesos del 22 de febrero la ciudadanía tuvo que retomar sus actividades. Pero, ¿cómo volver a la normalidad y sentir seguridad al salir a las calles tras sucesos así? ¿Cómo recuperar el espacio público arrebatado por la inseguridad y otros factores sociales? ¿Qué papel desempeña la ocupación del espacio en la construcción de paz? Para los especialistas consultados, la responsabilidad de brindar seguridad frente a situaciones de violencia extrema corrresponde al Estado, pero, en el fondo, la solución empieza por crear lazos entre personas y por la convivencia común en el espacio público. “Qué diferente sería si la seguridad viniera de la construcción de comunidad y no de [la presencia de] policías”, enfatiza Mónica Esperanza López Franco, investigadora del ITESO y coordinadora de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable.
Cuando el espacio público se vacía
Heriberto Paredes Coronel salió de Guadalajara rumbo a Colima la mañana del 22 de febrero. Periodista independiente radicado en Michoacán, planeaba comenzar ese día una cobertura acerca del desplazamiento forzado de comunidades nahuas del sur de Jalisco a raíz de la violencia vinculada con la presunta relación de complicidad entre el CJNG y dos mineras trasnacionales, ArcelorMittal y Ternium. De forma inesperada, al circular junto con un acompañante rumbo a su destino por avenida López Mateos, en la salida sur de la ciudad, se encontró con integrantes de ese cártel en acción, encapuchados y armados.
“Ha sido muy fuerte, porque sí vimos el modus operandi directo de estas personas, metiendo explosivos o algún tipo de material para quemar un vehículo. Se trasladaban en camionetas y vimos gente de ellos mismos grabando a la población y lo que estaba pasando”, recuerda. Conforme avanzaban hacia la autopista a Colima y el sur de Jalisco, había decenas de vehículos incendiados atravesados por el camino. Esquivaron los bloqueos hasta resguardarse en una población cercana a la sierra de Tapalpa, y fue en ese punto donde Heriberto decidió suspender su cobertura y regresar sobre sus pasos. Ya en un lugar seguro en Guadalajara, cerca de la colonia Americana, comprendió la envergadura de la violencia que tenía lugar, con bloqueos en al menos 20 entidades del país. “Yo salí un par de veces a caminar para buscar algo de comer, incluso a grabar algunas escenas de la calle. La escasa gente que me encontraba tenía una cara de miedo, no se atrevía ni a saludar. Había una sensación de temor”, describe.
Para la investigadora de la Universidad de Guadalajara Isabel López Pérez, está comprobado que la percepción de seguridad al transitar por las calles se relaciona fuertemente con la presencia de más personas. “Si hay mucha gente en un espacio público, la gente se siente segura, tiene menos miedo”, considera.
Recuerda los trabajos de William White y Jan Gehl, teóricos, y de los observadores más influyentes en el campo del urbanismo centrado en las personas y el diseño de espacios públicos, quienes han mostrado la importancia de la ocupación de los lugares compartidos para generar una percepción de seguridad. Esto es particularmente importante para que las comunidades en una ciudad afectada por hechos de violencia puedan reconstruir la confianza. “Acercarnos a nuestra comunidad, conocernos para que nuestra vivencia en la ciudad no sea una vivencia a través del miedo, sino a través de la confianza, de la ciudadanía, del conocernos y convivir”, explica López Pérez.
La rentabilidad del miedo
Sin embargo, en muchas sociedades como la tapatía, la alternativa que se presenta frente a la inseguridad está vinculada con discursos en torno al miedo. Incluso, de acuerdo con la investigadora del ITESO, Mónica López Franco, existe toda una industria que se beneficia económicamente de la creación de lugares cerrados, con un amplio despliegue de vigilancia, y donde el miedo al otro es la base.
En el caso de las empresas, los costos por la protección de mercancías se pueden disparar para evitar pérdidas frente a la acción de grupos del crimen organizado. Según el presidente del Consejo de Comercio Exterior de Occidente (Comce), Miguel Ángel Landeros Volquarts, las empresas exportadoras destinan hasta 30 por ciento de los costos operativos para incrementar medidas de protección, como el pago de pólizas de aseguradoras, la contratación de personal de seguridad privada o sistemas de vigilancia antirrobos, lo que puede derivar en un sobrecosto de los productos.
Medidas de este tipo también se trasladan a las viviendas y el resultado suele ser el crecimiento de la ciudad fragmentada con barreras, que en el fondo responde al miedo. “Hay toda una economía detrás de la inseguridad, como todas las protecciones en las casas, todos los fraccionamientos cerrados, incluso los vehículos blindados. Es una industria, si te pones a analizarla, que se ha desarrollado a partir del miedo, que en México es muy palpable, es muy real”, considera López Franco.
Pero lo que puede ayudar a que ciertas personas sientan seguridad en su hogar, a escala ciudad causa segregación y el espacio público, compartido, deja de ser un lugar de encuentro. “Muchas personas se sienten seguras con elementos que guardan semejanza con una cárcel, es decir, con las rejas, con seguridad privada, con muchos policías, con diferentes mecanismos que filtran a las personas que pueden ingresar a un espacio”, plantea Isabel López Pérez.
Ambas académicas coinciden en que, si bien, medidas como estas ayudan a dar un sentimiento de tranquilidad a algunas familias, se pierde la posibilidad de construir comunidad en torno al espacio público y, por tanto, también de construir paz a partir de la convivencia colectiva. Mónica López pone el ejemplo de Colombia, donde intervenciones urbanas en zonas históricamente afectadas por la violencia han buscado transformar la situación a partir de proyectos comunitarios centrados en generar confianza y vivencias compartidas entre quienes habitan el espacio público. “A partir de dinámicas como la comida, el deporte o la cultura, se entienden las necesidades compartidas, las personas se conocen y construyen comunidad”, explica.
La importancia del espacio defendible
Abel Gómez González, doctorante y maestro en Diseño Estratégico e Innovación Social por el ITESO, profundiza respecto a las barreras creadas a lo largo de la ciudad por la proliferación de fraccionamientos y cotos cerrados. “Este tipo de muros no reduce la incidencia delictiva”, afirma; “la seguridad proviene de otro tipo de estrategias. Estas ideas tienen un origen medieval, surgen hace más de 500 años, cuando efectivamente las ciudades eran atacadas por bárbaros y de alguna manera necesitaban amurallarse y protegerse. Pero en el contexto actual, los muros en realidad son un símbolo de segregación”.
Y pone como ejemplo una polémica vigente en la actualidad. La avenida Primavera, una vialidad pública ubicada a unos cientos de metros del ITESO, ha sido fragmentada por una barda que impide el paso entre dos colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Haciendas de San José y Parques del Bosque. Mientras hay vecinos que consideran que el muro tendría que ser retirado para que haya una conexión a través de un paso seguro para los habitantes de ambos lados, otras personas lo consideran una medida de seguridad. En entrevista, dos vecinos que viven a ambos lados del muro expresan posturas encontradas. Para Dante Herrera, el retiro de la división física generaría un cambio en la dinámica de la colonia Parques del Bosque y “puede haber un foco y un gran brote de inseguridad”. Pero para Martha, vecina de Haciendas de San José, los habitantes de ambas colonias se necesitan mutuamente: “Ellos pasan para acá porque hay niños que están aquí en la escuela, y nosotros también pasamos para allá”.
Para Abel Gómez, la respuesta está en generar condiciones para que las personas de ambos barrios construyan comunidad en torno a los espacios compartidos, como el cuidado de las áreas verdes y la búsqueda de mejoras en vialidades, instalaciones educativas y servicios públicos.
El también activista por la movilidad reivindica el concepto de espacio defendible propuesto por el investigador Oscar Newman en 1996, que plantea que los espacios cuidados por los propios habitantes generan un efecto positivo en la percepción del entorno. Esto, asegura, mejora la imagen del lugar, lo que puede traducirse en una reducción de los índices delictivos. En cambio, cuando la conectividad de una vialidad se interrumpe, ello puede generar espacios en abandono, degradados, lo que ocasiona un círculo vicioso que fomenta más actos vandálicos y delitos.
Este fenómeno fue planteado en los años ochenta del siglo pasado por los criminólogos James Wilson y George Kelling como la “teoría de las ventanas rotas”. Para sostenerla, realizaron un experimento social en el que sendos vehículos fueron abandonados con las ventanas rotas en un barrio rico y uno pobre. Ambos autos fueron vandalizados rápidamente en ambos puntos, por lo que afirmaron que el desorden y el descuido en el espacio público atrae más desorden, sin importar el contexto socioeconómico.
La teoría fue puesta a prueba como política pública en los años noventa en Nueva York, con el alcalde Rudy Giuliani, quien se enfocó en limpiar grafitis y cuidar los espacios públicos como una estrategia complementaria para reducir delitos. Así lo recuerda el doctor en Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, Tadeo Hübbe Contreras. “Es el derecho a la ciudad, todos tenemos derecho a disfrutarla, y justamente el Estado está obligado a tenerla en las mejores condiciones posibles, pues todos pagamos impuestos. Y, en ese sentido, el hecho de mantener infraestructura limpia, arreglada, útil para todos, es el primer paso para disminuir los índices de criminalidad y justamente liberarlos para todos”, explica.
Apropiarse del espacio
Sin embargo, muchas intervenciones en el espacio público que tienen como finalidad contrarrestar situaciones de inseguridad en ocasiones implican el desplazamiento de poblaciones que ya se habían apropiado y utilizaban positivamente esos espacios.
Un caso reciente que menciona Mónica López Franco es la remodelación del Parque de la Revolución, conocido como el Parque Rojo, en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, en Guadalajara. La académica destaca como un gran acierto histórico que se permitiera, a una gran diversidad de comunidades, apropiarse cotidianamente del espacio verde para realizar una variedad de actividades culturales, recreativas y comerciales. Sin embargo, tras la remodelación del parque, que tuvo cerrado el espacio por cerca de un año, de abril de 2025 a marzo de 2026, se desvaneció el uso que buena parte de los grupos daba al espacio. “Realmente había un intercambio de diálogo en el espacio público. Esta intervención les quedó muy bonita, pero, ¿dónde quedó el diálogo?”, cuestiona, ante el desplazamiento de ciertos grupos y la renovación de algunas zonas que priorizan el espacio para el tránsito, pero no para una estancia de larga duración. También señala la elección de especies para la reforestación, con plantas ornamentales, pese a ser un lugar de mucho uso “rudo”, como los movimientos que históricamente han utilizado el parque como punto de expresión y protesta.
Para Isabel López Pérez, un punto fundamental para que estas intervenciones sean exitosas en la recuperación de los espacios públicos es la integración de las propias comunidades en el diseño. No se trata de “limpiar” las calles de las personas que no hacen “lucir” la ciudad, sino de incluir a todas las comunidades que habitan los espacios a fin de construir las estrategias de remodelación en conjunto y sin imposiciones.
Sin embargo, Hübbe Contreras recuerda que también se había señalado la presencia de venta y consumo de sustancias ilícitas, lo que dificultaba que familias, especialmente aquellas con niños y niñas, disfrutaran el parque. Y resalta el reto de recuperar lugares donde la delincuencia se ha apropiado del terreno, como el barrio de El Santuario, o la calle 5 de Febrero, en zonas céntricas de Guadalajara, donde personas que venden medicamentos ilegales y autopartes robadas, respectivamente, se han adueñado de las calles, mientras la sociedad ha normalizado la situación y las autoridades son omisas.
En zonas rurales donde el crimen organizado ha tomado el control del territorio, la recuperación del espacio público es aún más compleja. Para Hübbe Contreras, la ciudadanía tendría que acompañar esos procesos y participar activamente mediante la denuncia y el cuidado mutuo, pero no enfrentándose directamente, pues el Estado es el responsable de garantizar la seguridad.
El periodista Heriberto Paredes, quien tiene más de una década de trabajo de documentar procesos de resistencia indígena, resalta el esfuerzo de pueblos como Santa María Ostula, al sur de Michoacán. Mediante una guardia comunitaria han construido la posibilidad de defenderse y mantener su territorio dentro de una especie de “frontera” frente a integrantes del crimen organizado. Sin embargo, Paredes reconoce que los ataques son constantes y las autoridades criminalizan los esfuerzos de la comunidad, sin que exista un cambio real tras el operativo del 22 de febrero. “La muerte del Mencho no ha significado el fin del control territorial del CJNG, no ha significado el fin de los negocios ilegales y tampoco el fin del vínculo orgánico entre autoridades, partidos políticos y estos grupos del crimen organizado”, señala. El periodista resalta la necesidad de que el Estado desarticule el poder de los grupos delicuenciales, pero, mientras no lo haga, que permita que las comunidades se organicen para defender su vida y su territorio.
Una posibilidad vuelta realidad
“Tenemos que aceptar que el espacio compartido es un espacio caótico, pero debería ser accesible también, y debería estar bien que sea así”, considera la coordinadora de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Y pone como ejemplo destacado la Vía RecreActiva, iniciativa surgida en 2004 que transforma avenidas principales de la ciudad, al cerrar el paso vehicular y dejarlo como un espacio peatonal, ciclista y de la movilidad no motorizada. Lo que comenzó con 11 kilómetros de la avenida Juárez-Vallarta, hoy es una red que supera los 30 kilómetros en toda el Área Metropolitana de Guadalajara. Para Mónica López Franco, es una muestra de que los espacios públicos se pueden flexibilizar para dar paso a las personas, la convivencia y el disfrute de las calles.
“Es un éxito”, coincide Isabel López Pérez, “la gente ya espera el domingo para ir a pasear a la Vía RecreActiva. Yo creo que es muy positivo cambiarle la vocación a un espacio de circulación del automóvil y devolvérselo a la gente, porque finalmente genera la sensación de que ‘esta calle es mía’, y eso lo hace bonito, que todos nos sintamos dueños de nuestra ciudad, aunque sea un ratito, y también que nos sintamos seguros”.
López Franco destaca la importancia de incrementar el número de parques en la ciudad, pues Guadalajara cuenta en promedio con 2.5 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, muy por debajo de los nueve metros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Una estrategia positiva que menciona López Pérez, vinculada con la seguridad, el esparcimiento y la salud, es la creación de parques “de bolsillo”, pequeños espacios con juegos infantiles, vegetación e instalaciones deportivas que sustituyan lotes baldíos o degradados, y en cuyo mantenimiento deberían participar los habitantes de los alrededores.
De acuerdo con Hübbe Contreras, la solución de fondo es el acceso a derechos humanos universales. “La respuesta está en las oportunidades, que todos los ciudadanos tengamos acceso a educación, a la cultura, a la vivienda, acceso a la salud, al ocio, a un medioambiente sano, a estar alejados de la contaminación, del ruido, que tengamos acceso a la convivencia sana”.
En septiembre de 2025, como parte de la conmemoración de los 21 años de la iniciativa, arrancó la Vía RecreActiva nocturna en Guadalajara. El primer sábado de mes, algunas calles ocupadas por vehículos también se transforman en peatonales de 7 de la tarde a 11 de la noche.
Sonriente en el jardín de El Santuario, Susana Rocha explica por qué se sumó a la vía nocturna el pasado 4 de abril, acompañada por su hijo Marcelo: “Podemos traer a nuestros hijos para que tengan mayor convivencia con nosotros, con otros niños, para que se desarrollen, y mejor que no estamos bajo el sol”. Marcelo, de cinco años, afirma disfrutar de las actividades deportivas ofrecidas a lo largo del recorrido, en especial el boxeo y el tiro con arco.
Esa misma noche, en el recién remodelado Parque Rojo, la niña Marina explica lo mucho que le gustó caminar de noche por el centro de Guadalajara y pasear en bici por donde normalmente circulan los autos. Nancy, su madre, resalta por qué se siente segura: “Hay muchos juegos, atracciones para que los niños puedan distraerse. Hay mucha gente, mucho movimiento, está agradable el ambiente”. Los mismos espacios oscuros y solitarios durante la noche del 22 de febrero, tras los hechos violentos, lucen repletos de familias que hacen suyas las calles, al menos durante unas horas.
El espacio público como escenario de poder, miedo y legitimidad
La ciudad no se paraliza sólo cuando se bloquean sus calles. Se paraliza cuando se fractura la confianza colectiva que permite habitarlas.
El espacio público —la calle, la plaza, el parque— no es simplemente un soporte físico donde “ocurren cosas”. Es un territorio cargado de significados donde distintos actores —Estado, ciudadanía, comercio, movimientos sociales e incluso fuerzas ilegales— se hacen visibles. Allí se encarna la autoridad: en la presencia policial, en el alumbrado que funciona, en el transporte que circula, en la protesta que se permite, en el comercio que se regula. Cada uso del espacio es también una declaración sobre quién tiene derecho a estar, a permanecer y a decidir.
Cuando actores violentos bloquean avenidas o interrumpen la movilidad, no están atacando únicamente infraestructura: están ejecutando una demostración de poder. No necesitan ocupar permanentemente la ciudad. Basta con evidenciar que pueden detenerla. Esa capacidad de interrupción genera un efecto psicológico mayor que el daño físico. El mensaje es claro: el control del espacio público no es exclusivo del Estado.
Pero el espacio público no es sólo vulnerable: también es profundamente político. En él se ejercen múltiples fuerzas:
El poder estatal, a través de infraestructura, normativas y presencia institucional.
El poder económico, mediante el comercio formal e informal.
El poder social, a través de apropiaciones comunitarias.
El poder simbólico, mediante manifestaciones, rituales, celebraciones o protestas.
Y, en contextos críticos, el poder criminal, cuando busca demostrar control territorial.
Por eso, el espacio público es escenario de demostración constante. No es neutro. Es el lugar donde se disputa la legitimidad.
Cuando el miedo logra vaciarlo, la ciudad pierde más que tránsito: pierde vida colectiva. Se suspenden encuentros, se retrae la economía, se fragmenta la experiencia urbana. El vacío se vuelve símbolo de vulnerabilidad.
Por eso no es neutro. Es un campo de fuerzas.
En una plaza llena durante una manifestación, en una avenida cerrada por un bloqueo, en un parque apropiado por familias un domingo, siempre hay una dimensión de poder en juego. El espacio público es el lugar donde la legitimidad se escenifica: donde se confirma —o se cuestiona— quién gobierna realmente la ciudad.
Cuando el miedo logra desalojarlo, lo que se pierde no es sólo movilidad. Se pierde presencia. Y la presencia es lo que sostiene la vida urbana. Sin cuerpos en la calle no hay intercambio, no hay mirada compartida, no hay vigilancia informal, no hay encuentro inesperado. La ciudad se reduce a infraestructura sin comunidad.
Las conversaciones se interrumpen, las rutinas se rompen. La experiencia urbana —que depende de la mezcla y la simultaneidad— se fragmenta en espacios privados y trayectorias mínimas de supervivencia. La calle deja de ser lugar de convivencia y se convierte en territorio que se debe evitar.
Entonces, el vacío adquiere significado. Una plaza desierta en una ciudad que debería estar activa no comunica calma, comunica fragilidad. El silencio urbano no es neutral: es un síntoma. Revela que el miedo ha desplazado a la confianza como principio organizador del espacio.
Y cuando la confianza se retira, la ciudad deja de ser plenamente ciudad.
Hay un silencio particular que aparece cuando la ciudad se repliega por miedo.
No es el silencio buscado de la madrugada ni el descanso natural de un domingo temprano. Es un silencio tenso, expectante, casi suspendido. Un silencio que no proviene de la calma, sino de la ausencia.
Entonces emergen otros sonidos.
El viento entre los árboles, que antes era fondo imperceptible, se vuelve protagonista.
Los pájaros, que siempre estuvieron allí, parecen multiplicarse.
Un portón que se mueve, una lámina que vibra, el eco lejano de una sirena.
Es un fenómeno casi inquietante: la naturaleza recupera el plano acústico mientras lo humano se retira. Pero no se siente como reconciliación ecológica; se siente como suspensión. Como si la ciudad hubiera sido desalojada de sí misma.
Ese silencio es incómodo porque evidencia vulnerabilidad.
Nos recuerda que la vida urbana depende de la presencia colectiva.
Sin cuerpos, sin tránsito, sin intercambio, la calle pierde su condición política y se convierte en escenario vacío.
Paradójicamente, el canto de los pájaros —que podría interpretarse como paz— adquiere un tono extraño. No es la serenidad de un parque al amanecer, sino el sonido que llena el hueco dejado por la retirada social. La naturaleza no celebra: simplemente ocupa el espacio sonoro que quedó libre.
En esos momentos, la ciudad revela algo profundo: su identidad no está sólo en sus edificios ni en su traza, sino en el ruido compartido de la convivencia. Cuando ese ruido desaparece por miedo, lo que queda no es armonía, sino una pausa inquietante que expone la fragilidad del pacto urbano.
Y ese silencio, más que cualquier explosión o incendio, es lo que realmente paraliza.
Guadalajara, 22 febrero de 2026.
