Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)
07 de julio 2016.- El Gobierno Municipal de Guadalajara ya tiene a su Virgilio Andrade. Se trata del contralor Ignacio Lapuente, quien este jueves compareció ante los regidores y absolvió de todo conflicto de interés a Carlos Delgado Padilla, quien funge como coordinador de Comunicación y Análisis Estratégico.
De acuerdo con la investigación realizada por el Contralor, no hay elementos para determinar que Delgado Padilla incurrió en un conflicto de interés al recomendar la contratación de las empresas Euzen y La Covacha de las que ha formado parte, aunque oficialmente el Ayuntamiento lo defiende señalando que solo prestó servicios profesionales hasta un día antes de ingresar a la nómina del Gobierno de Guadalajara, como indica su declaración 3de3.
"El servidor nunca ha formado parte de las empresas en calidad de socio y respecto a la prestación de sus servicios, estos fueron concluidos en septiembre de 2015 cuando Carlos Delgado aún no era servidor público. En conclusión, no hay elementos para determinar responsable a Carlos Delgado” expresó Lapuente durante la comparecencia ante los regidores tapatíos.
El contralor Ignacio Lapuente en la Sesión de la Comisión de Transparencia. Foto: Gobierno de Guadalajara
El Contralor justificó su decisión al argumentar que su oficina no inicia procedimientos laborales, además de señalar que se debe respetar la presunción de inocencia de Carlos Delgado.
“Quiero ser muy claro y contundente al establecer que nuestro desempeño está delimitado a los márgenes precisos que establecen las leyes” expuso al final de su intervención.
Cuestionado por los reporteros, Ignacio Lapuente justificó así su resolución:
—Carlos no era ni empleado ni es socio de esas empresas, fue un hombre que prestó sus servicios de consultoría—.
—¿Por eso estaba vinculado?— preguntó una reportera.
—Sí, pero no alcanza para configurar un ilícito—.
Lo que dice la ley
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco pone en evidencia la actuación de Ignacio Lapuente para cubrir y exonerar el conflicto de intereses que tampoco ha querido ver el Presidente Municipal, Enrique Alfaro Ramírez.
Artículo 61: Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:
... IX.- Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
Virgilio y la Casa Blanca
El equipo de investigación de Carmen Aristegui dio a conocer, el 9 de noviembre de 2014, un reportaje el que exhibe que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, por haber sido beneficiado con al menos una casa por parte de la constructora Higa.
A cambio, la empresa había estado recibiendo contratos de obra pública por parte del Gobierno federal. Al convertirse un escándalo nacional, Peña Nieto ordenó una investigación el 3 de febrero de 2015.
Virgilio Andrade y Enrique Peña Nieto. Foto: Presidencia de la República
Para ello colocó en la Secretaría de la Función Pública a un personaje llamado Virgilio Andrade, quien dio a conocer, el 21 de agosto de 2015, que el conflicto de intereses nunca existió. El caso fue conocido popularmente como "La Casa Blanca de Peña Nieto", del cual existe un libro.
Recurso de revisión
Tras los argumentos del contralor tapatío Ignacio Lapuente para exonerar al Gobierno de Guadalajara por el conflicto de interés que defiende Enrique Alfaro, el regidor del PAN, Alfonso Petersen Farah, cuestionó que la investigación fuese presentada como "un caso cerrado" en lugar de un informe, lo que calificó como una estrategia y provocación de la administración municipal.
"Me parece, y lo digo con todas sus letras, una falta de respeto a los tapatíos que ante un asunto donde existen evidencias claras de una irregularidad, de un conflicto de interés, con evidencia documental y una confesión expresada del servidor público documentada a través de su declaración 3de3, se atrevan a hacer una interpretación tan simple", dijo Petersen Farah.
El regidor panista Alfonso Petersen Farah. Foto: Gobierno de Guadalajara
Petersen señaló que la resolución del contralor es cínica, pues Delgado Padilla recibió 1.9 millones de pesos al año por parte de las empresas Euzen y La Covacha, lo que equivale a una remuneración de 138 mil pesos mensuales, una cifra muy lejana a los 41 mil pesos mensuales que actualmente cobra en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Recordó que Delgado Padilla influyó en la contratación de Euzen y La Covacha por parte del Gobierno de Guadalajara al emitir una recomendación de adjudicación directa a la Comisión de Adquisiciones, sin importar que se tratara de las empresas donde trabajó como consultor.
El regidor panista criticó también que la Contraloría Ciudadana propuesta por Alfaro en campaña haya quedado en un "mero discurso" pues el actual contralor nunca fue elegido de entre una terna en la que según la promesa, estaría compuesta por perfiles al interior de las cámaras empresariales y las universidades.
El contralor Ignacio Lapuente en la Sesión de la Comisión de Transparencia. Foto: Gobierno de Guadalajara
Sus palabras fueron secundadas por la regidora del PRI, Ángeles Arredondo, quien pidió la renuncia del Contralor Ignacio Lapuente, y agregó que a las dos empresas se les contrató de manera irregular, pues se les otorgaron los contratos el 15 de diciembre de 2015 sin estar dentro del padrón de proveedores, ya que se registraron hasta el 10 de febrero de este año.
Por las omisiones detectadas, ambos regidores anunciaron que interpondrán un recurso de revisión.
Ante los cuestionamientos, el regidor de Movimiento Ciudadano, Marco Valerio Pérez defendió la resolución del Contralor y criticó a los regidores de oposición por hacer "afirmaciones a la ligera". Además, dijo que la comparecencia no era el espacio para mostrar la inconformidad, por lo que pidió "respetar el principio de legalidad".
Te compartimos la declaración de intereses de Carlos Delgado:
