Por: Raúl Valencia Ruiz (@v4l3nc14)
13 de julio de 2016.- Si hubiera un pueblo de dioses –escribía hace más de dos siglos Jean Jacques Rousseau– la palabra con «d» sería su forma de gobierno. Pero no creía conveniente que los seres humanos intentáramos regirnos bajo un sistema tan perfecto.
Sin embargo, la palabra con «d» constituye la base del pensamiento político moderno y; a partir de entonces, no ha habido ideología política que no la incluya entre los valores que diga defender o representar.
Visiblemente entusiasmado por su viaje al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, Alexis de Tocqueville escribió una de las obras fundacionales de la sociología y de la ciencia política contemporáneas en donde analiza cómo es que la palabra con «d» ocurre con «naturalidad» entre los ciudadanos, organizaciones e instituciones en los primeros años de aquel país y por qué el mundo civilizado debía seguir su ejemplo.
Poco después, en el contexto revolucionario de la Europa decimonónica, Karl Marx y Friedrich Engels proporcionaron a los proletarios del mundo un manual de lucha en el que categóricamente hablaban de la palabra con «d» como uno de los objetivos que la revolución proletaria internacional debía alcanzar.
Pero no sólo liberales y comunistas han reivindicado a la palabra con «d» entre sus valores, hacia finales del siglo XIX el pensamiento político conservador, aquel que encontrara su sustancia en la obra de Edmund Burke, también habría de incluir la palabra con «d» entre el repertorio de ideas por las que emplazaba su propio horizonte utópico.
En México, personajes académicos e intelectuales como José Revueltas, Pablo González Casanova, Roger Bartra, Octavio Paz, Enrique Krauze y Jorge Alonso, por citar a algunos que, a mi entender, han logrado influir en el debate político nacional, sobre la palabra con «d» han dicho que es bárbara, pero que es posible, que se encuentra ausente, aunque es absoluta y a su vez relativa, que no lleva adjetivos o que ha sido vulnerada.
Incluso, la Iglesia católica en nuestro país, una vez concluido el periodo que conocemos como el modus vivendi, se pronunciaba sobre este tema para exigir la abolición de las leyes antirreligiosas que aún seguían vigentes.
En todos ellos subyace un discurso por la legitimidad de las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que los mexicanos nos hemos dado a partir del establecimiento del moderno Estado-nación, de aquel al que dio lugar la Revolución Mexicana, como requisito necesario e inequívoco para que la palabra con «d» ocurra con «naturalidad» entre los mexicanos, y esto nos conduzca a mejores condiciones de bienestar.
De los tiempos del sistema autoritario, que se vio obligado a la apertura por la presión que desde la oficialidad o la clandestinidad ejercieron los movimientos sociales en el país, pasando por la supuesta transición que significó el triunfo de la oposición electoral en el año 2000; al día de hoy, la palabra con «d» ha sido constreñida a un formalismo administrativo y esto, en cualquiera de las definiciones que le queramos dar, la ha vuelto una palabra estéril. Esto se debe, en parte, al hecho de haber confinado a la palabra con «d» al ámbito de las instituciones.
Porque, hay que decirlo, uno de los mayores obstáculos para que la palabra con «d» vuelva a gozar de algún lugar entre los anhelos de la sociedad mexicana en su conjunto, es el uso que de las instituciones ha hecho la clase política en México, que las han vuelto sus feudos personales e instrumentos de control y dominación tanto burocrática como de fuerza. Quizá, en su estado actual, nuestras instituciones son insalvables.
Resulta encomiable que los movimientos indígenas hayan sido los primeros en darse cuenta de la decadencia de las instituciones que dan forma al Estado moderno. Es por ello que al interior de los territorios o de los espacios en los que han constituido sus autonomías, podamos hablar de democracia.
Las instituciones que comunidades indígenas y campesinas dentro y fuera de México se han dado en los últimos cuarenta años, cumplen con las necesidades para las que han sido creadas, no constituyen formas de dominación sino de representación y, de igual manera, esas mismas instituciones articulan sus formas de resistencia al embate que, desde el exterior, el aparato de estado acomete en su contra.
Comunidades indígenas de Chiapas. imagen tomada del Facebook Enlace Zapatista
Entre sus formas de resistencia, el movimiento indígena en México, que bien representa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no ha buscado el diálogo con las élites que monopolizan al aparato de estado y sus instituciones; en su búsqueda, el zapatismo ha intentado comunicarse con la sociedad civil organizada y movilizada, con la que comparten la necesidad de establecer nuevas formas de relaciones sociales, democráticas.
Corresponde a nosotros, miembros de la sociedad civil en México, debatir sobre las formas de participación y representación política venideras, quizá al margen de las actualmente existentes. Pero no por ello, debemos mantener una actitud de indiferencia a lo que ocurre en la arena de lo electoral, en donde la palabra con «d» tiene que ser resignificada. Un primer paso es recuperar experiencias, comprender en qué momento las luchas populares locales, inmediatas a nosotros fueron desarticuladas y si esto ocurrió por haber incursionado en la insurgencia o en la competencia electoral.
Hay que pensar más allá del 2018, pero con una estrategia que, en ese año, nos permita evitar que las elecciones sean un festín para los cerdos. Con la consumación de la serie de reformas que la actual administración federal impulsó, el gobierno de Peña Nieto ha cumplido su objetivo: el de desmantelar el estado de bienestar en México. Lo que sigue, es el empleo de la fuerza en contra de cualquier expresión que cuestione los privilegios que la clase política está obteniendo de ello.
En algún lugar se ha dicho que la posibilidad de hablar de una falta de democracia es la prueba de su existencia. Habría que poner a prueba ese supuesto y, a través de las urnas y de las calles, presentar nuestras demandas y hacer saber a la clase política y a las élites en México que, la nuestra, es una sociedad agraviada.
Además, al igual que el poeta Javier Sicilia, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, detener la construcción de la presa El Zapotillo, devolverle su programa a Carmen Aristegui y exhumar e identificar los cuerpos de las fosas de Tetelcingo.
