Por: Reverso (@reversomx)
28 de diciembre de 2016.- Emilio González Márquez puede dormir tranquilo. Como si existiera un pacto de impunidad, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval se deslindó públicamente de indagar el destino de los casi 7 mil 573 mil millones de pesos desviados del erario público por su antecesor.
En Lagos de Moreno, de donde es originario el ex gobernador panista, Aristóteles Sandoval se lavó las manos dejando el tema bajo responsabilidad del Gobierno Federal, a pesar de que la contralora de Jalisco, Teresa Brito, dio a conocer que a la Fiscalía estatal se entregó toda la documentación necesaria.
“Ese es un tema federal que trae la Auditoría Superior”, justificó Aristóteles a los reporteros. “En lo local nosotros hemos sido muy transparentes en lo que se ha revisado. Son 12 denuncias, cuatro de ellas han tenido detenidos, se sigue un procedimiento contra funcionarios, pero en ese caso particularmente es un tema más que está en el ámbito federal”.
El desdén en el Gobierno de Jalisco por el presunto desvío de 7 mil 573 millones de pesos del Gobierno de Emilio González Márquez tiene molestos a los senadores del PRI, quienes el 9 de noviembre impulsaron un punto de acuerdo en la Cámara Alta, para solicitar un informe sobre las indagatorias.
Los senadores le recuerdan al Gobierno de Jalisco que el artículo 53, segundo párrafo de la Constitución local determina que la investigación de los delitos del fuero común y concurrentes, así como la persecución ante los tribunales de los responsables en su comisión corresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal General, quien se auxiliará de las policías, las que estarán bajo su mando inmediato, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Asimismo, dentro de las facultades de la Contraloría del Estado de Jalisco, se encuentran el investigar y sancionar los posibles hechos constitutivos de faltas administrativas cometidas dentro de su ámbito de competencia”, agregan los senadores en el documento.
Por ello el punto de acuerdo fue solicitar, específicamente a la Contraloría de Jalisco, un informe pormenorizado relativo al avance existente en los procedimientos administrativos y penales del ex gobernador González Márquez, así como a varios de sus más cercanos colaboradores.
El 2 de diciembre Milenio Jalisco dio a conocer la falta de avances en el tema, ofreciendo además la versión de la titular de la Contraloría, Teresa Brito.
“Si la Fiscalía considera que le hacen falta elementos que los pida”, dijo la contralora a Milenio Jalisco. “Si no es la Contraloría la que se los puede dar, que los pida a quien debe pedirlos…”.
"Yo le reiteré (al Fiscal Eduardo Almaguer) la voluntad de la contraloría para proporcionarle elementos supervinientes si los necesita, para terminar de consolidar los temas… Él me dijo que siguen trabajando en eso, tienen una Agente del Ministerio Público encargada particularmente de ese tema y ha solicitado a la responsable del área penal de la contraloría información sobre distintos expedientes”.
Los desvíos de Emilio están relacionados con manejos irregulares en la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe), en la Secretaría de Cultura, el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal del Agua, la secretaría de Finanzas, y la compra-venta de la Casa Jalisco en Chicago.