Por: Redacción (@reversomx)
Miguel Ángel Vázquez Torres, de 46 años, líder de la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su hermano Agustín, de 42 años, fueron asesinados a balazos el sábado cerca de las seis de la tarde en el poblado de Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños, Jalisco.
El ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su hermano acudieron a una celebración conocida como "coladero" en su comunidad de origen, cuando cerca de las 6 de la tarde fueron agredidos por varios sujetos que se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Tacoma.
Tras el ataque armado, Miguel Vázquez resultó herido y fue trasladado al Centro de Salud de la comunidad, donde minutos después falleció. Horas después, al salir del nosocomio, Agustín Vázquez, fue asesinado por los mismos agresores.
Según las primeras pesquisas, reproducidas en una nota del periodista Daniel Gaspar en el diario Mural, los asesinos pertenecen a una célula delictiva que opera entre los límites de Jalisco y Zacatecas. En los primeros peritajes, las autoridades aseguraron casquillos de armas de alto poder.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco arribó al lugar de los hechos, y apróximadamente a las 11 de la mañana levantaron los cuerpos para realizar el análisis de autopsia. Después, los cuerpos fueron llevados a la comunidad de Tuxpan de Bolaños para ser velados y sepultados.
Hasta el momento, las autoridades no han encontrado a los responsables del doble homicidio.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo Regional Wixárica por la Defensa de Wirikuta, Miguel Vázquez fue miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárika, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (en 2010) e integrante de la Mesa Jurídica.
Originario de Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños, ejercía su profesión como maestro de primaria en la localidad de Barranquillas, al mismo tiempo que fungió como Presidente del Comisariado de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán desde el 2014 hasta marzo del 2017.
En su mandato, la comunidad de San Sebastián logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra, el 22 de septiembre de 2016, esté era solo uno de los 12 juicios a favor de la comunidad, pues hay en proceso la recuperación 10 mil hectáreas por invasión histórica a está comunidad.
Por otro lado, su hermano Agustín Vázquez Torres se identificó como una persona comprometida con su comunidad, padre de familia, que logró una carrera profesional en Derechos Humanos, pues estaba a favor de la defensa del territorio y el respeto a los derechos humanos e indígenas.
UdeG condena el asesinato de líderes indígenas
El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, condenó el asesinato de ambos promotores de los derechos indígenas, exigió el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de todo el rigor de la ley a los responsables.
En representación de la casa de estudios y la comunidad universitaria, Bravo Padilla se solidarizó con los familiares y la población wixárika.
A su vez, el abogado wixárika, Samuel Salvador Ortíz, quien es responsable del programa de justicia de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG, explicó que los comisariados -cargo que representan de manera honorífica- se encargan de la restitución de tierras comunales y la solución de distintas problemáticas, por lo que se exponen a muchas dificultades con personas ajenas a la comunidad que quieren aprovecharse de los recursos naturales.
Salvador Ortíz añadió que Miguel Vázquez fue un gestor importante ante diversas instituciones para impulsar programas de salud, educación, desarrollo e infraestructura en esa zona.
"Gracias a su labor, actualmente la Universidad de Guadalajara ya tiene un contrato en comodato entre la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y nuestra Universidad para una cesión de derechos, donde se van a construir las instalaciones del Bachillerato Intercultural Tecnológico", agregó Salvador Ortíz.
Por ese motivo, solicitó al Gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía del Estado, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pongan atención en los líderes y defensores de las comunidades, ya que de forma permanente están en riesgo.
"Se requieren medidas de protección a los comisariados de bienes comunales de las comunidades wixáritari y los defensores de los derechos indígenas de ésta y otras zonas del estado, que presentan también problemas de invasión de tierras e inseguridad".