Por: Jorge Covarrubias (@vivalitos)
El Gobierno de Enrique Peña Nieto no es el único que utiliza herramientas de tecnología para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas que están en contra de la corrupción, según lo ha revelado el diario New York Times en una investigación publicada este lunes.
Desde el 2014 el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ordenó la compra de equipo de espionaje —desarrollado por la empresa israelí NSO Group— a la firma italiana Hacking Team por más de 13 millones de pesos para intervenir comunicaciones en al menos 25 dispositivos diferentes.
Con base en documentos dados a conocer por Wikileaks, el portal electrónico Reporte Índigo reveló esa compra en julio del 2015, sin embargo a casi dos años de esa publicación, el mandatario jalisciense aún no rinde cuentas del uso de dicha tecnología.
El 8 de junio pasado, el sector Sociedad Civil del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para Jalisco (STLGAJ) —en el que se incluye al Iteso y la Coparmex Jalisco— volvió a recordarle el tema y a través de un comunicado que retomaron sólo unos cuantos medios de comunicación, el organismo reprobó la utilización de recursos públicos para espiar a las agrupaciones que son críticas de las acciones gubernamentales.
“Exigimos: a) detener de manera inmediata este tipo de prácticas por parte del gobierno federal, y en el caso de que existieran en el gobierno estatal también deben detenerse; b) una investigación independiente sobre los casos que han sido denunciados en los medios de comunicación y ante las autoridades judiciales competentes; c) la aplicación de las sanciones correspondientes en contra de los responsables de este tipo de actos ilegales”, detalla el comunicado.
La investigación del diario estadounidense señala que Peña Nieto ha utilizado el programa de espionaje que sólo debería usarse para combatir al crimen organizado, y entre sus principales blancos se encuentran los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como el hijo de la primera, quien sólo es un estudiante universitario.
“Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, destaca el amplio artículo publicado en la primera plana del New York Times.
El sistema o equipo cibernético que adquirió Peña Nieto es conocido como Pegasus, y fue adquirido en el 2011 a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil.
En paralelo a lo que ha hecho el presidente de la república, el equipo que adquirió el Gobierno de Jalisco permite infectar computadoras y dispositivos móviles para extraer información de distintos sistemas operativos como Android, IOS, Blackberry y Windows Phone; monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, y tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo.
Según el portal Reporte Índigo, el 14 de diciembre de 2014 comenzó la capacitación de los funcionarios que se harían cargo del equipo de espionaje. A la cabeza del proyecto estaría Héctor Zúñiga Bernal, coordinador general de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, quien cobra al mes poco más de 60 mil pesos mensuales por dicha tarea.
El curso de capacitación se llevó a cabo en el número 3185 de la calle Mesina, en la colonia Providencia, en Jalisco, en la cual se encuentran las oficinas de la Coordinación General de Asuntos Sociales.
También señalan que en el informe sobre "El Estado de la vigilancia: fuera de control", dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se exigió que el Gobierno de Jalisco sea investigado por las prácticas de espionaje a través de equipos celulares.
Por lo anterior, los titulares de STLGAJ (el ITESO, la Coparmex Jalisco y Corporativa de Fundaciones) demandaron al gobierno estatal que proporcione información detallada de cuánto se ha gastado en la compra de software para espionaje; en qué casos se ha utilizado; su política procedimental y el marco jurídico que lo justifica.
En esa carta destacaron además que las prácticas de espionaje en contra de activistas sociales son contrarias a los principios del Gobierno Abierto, a los que se comprometieron las autoridades con la sociedad.
El posicionamiento se envió el martes 6 de junio por correo electrónico al jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, con copia al secretario particular del Presidente, Erwin Lino Zárate, y al gobernador de Jalisco a través de Oficialía de Partes, pero a la fecha no ha habido respuesta del mandatario local.