Por: Martha Eva Loera*
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, este jueves 30 de noviembre, es un hecho sumamente grave. El Presidente Enrique Peña Nieto cierra su sexenio con la legalización de una estrategia fallida y contraproducente para combatir el crimen, la cual ha generado una tragedia y crisis profunda con violaciones a los derechos humanos, afirmó la periodista Carmen Aristegui.
Junto con otros periodistas y activistas de derechos humanos, Aristegui participó en el foro #MéxicoEspía: la inteligencia del Estado al servicio del espionaje, en el marco de la FIL Académica 2017.
Destacó que esta ley tiene como antecedente el quiebre histórico que Felipe Calderón dio –siendo Presidente de la República– al decidir militarizar el combate al crimen organizado y llevar a las calles al Ejército y a la Marina para combatirlo.
“Enrique Peña Nieto no modificó esto ni un pelo”, subrayó.
La periodista Carmen Aristegui en la FIL. Foto: Especial
Las violaciones a los derechos humanos en este país son evidentes. El reporte de Seguridad Pública no puede ser peor:
“Tenemos índices de criminalidad tan altos o más como en 2011, que fue el peor año de Calderón. Uno se pregunta cuál ha sido la ganancia de esta estrategia y por qué se dota de estamento jurídico a una estrategia de esta naturaleza”, reflexionó Aristegui.
“Todo conduce a un sexenio que está terminando con una Ley de Seguridad Interior que han decidido aprobar por vía rápida –agregó–, se han montado en un tractor y no van a parar hasta que sea aprobada por el Senado de la República”.
“Tendremos una Ley de Seguridad Interior, que aunque llegue a la Corte y eventualmente se pueda desmontar por sus claros visos de inconstitucionalidad, podrá durar un año, el año electoral”, argumentó.
El artículo 30 de esa ley estipula que las fuerzas armadas, para hacer labor de inteligencia, podrán utilizar cualquier método, y el artículo 9 establece que toda la información asociada con la declaratoria de seguridad interior será de acceso restringido y reservado, porque se considera de seguridad nacional, explicó Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”.
Esto significa que no habrá ningún control para saber qué se va a hacer con esa información de inteligencia, dijo el activista.
Esta Ley de Seguridad Interior implica un modelo de seguridad que genera miles de violaciones graves a derechos humanos, así como incentivos perversos para apostar por las fuerzas armadas y no por las instituciones civiles, que son las que se tendrían que fortalecer, dijo Mario Patrón.
“Lo que se aprobó es un cheque en blanco para el espionaje y significa un fortalecimiento de la figura del ejército en un proceso de sustitución de poderes, en donde el estamento militar va a estar sobre el estamento civil en los lugares donde hay estas declaratorias de seguridad interior”, agregó Patrón.
En el foro también participó el periodista Salvador Camarena, columnista del diario El Financiero, quien habló del software “Pegasus”, que fue utilizado por el gobierno para espiar a periodistas y activistas.
“Vivimos en un Estado que acosa y deja que acosen a sus ciudadanos”, afirmó Camarena.
Lo que quiere el gobierno con las acciones de espionaje es romper el vínculo con la ciudadanía para que no pueda recibir información de ésta. Quieren aislar a los periodistas de sus fuentes. Puntualizó.
