Por: Redacción (@reversomx)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la militarización del país que fue avalada en la Cámara de Diputados al aprobarse la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el PRI con votos del PAN, Partido Verde, Nueva Alianza y PRD.
El proyecto, según la Comisión, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos.
“Este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, indica un comunicado del organismo internacional, el más importante de América.
“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.
Agrega que en su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”.
El comunicado subraya que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.
“La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.
“El Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
La CIDH reitera la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
