Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)
Con el argumento de que pone en riesgo a las víctimas y a los defensores de los derechos humanos, el gobernador Aristóteles Sandoval vetó este mediodía la ley de escoltas aprobada por el Congreso de Jalisco.
En un documento enviado al Congreso este mediodía, Sandoval Díaz expresa que la ley impide atender los derechos de las víctimas y los sujetos que participan de los procesos penales en el nuevo sistema penal acusatorio, especialmente de las mujeres, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, incluyendo a sus familiares.
"El decreto objeto de las presentes observaciones se aparta del marco normativo referido con antelación pues no sólo obvia la normatividad vigente en materia de protección citada en los párrafos anteriores sino que establece disposiciones que habilitan la arbitrariedad, parsimonia e inseguridad en perjuicio de los sujetos protegidos por el Estado" según se lee en el texto.
Además, Sandoval Díaz vetó la ley porque considera que con ella la protección de la vida y la integridad de las personas y su familia, se transforma en "un servicio público disponible solo para las personas que cuenten con los recursos económicos para pagar su contraprestación".
Al final del documento, el Ejecutivo estatal señala que la reforma tiene errores, pues se establece un mecanismo denominado "Servicio de Protección Estatal" sin especificar cuál autoridad se hará cargo de prestar el servicio y ordena la obligación de pagar por recibir la protección, "sin reformar las leyes de Hacienda e Ingresos, tanto Estatal y municipales, ni establecer el monto de lo que costará el servicio.
El decreto fue recibido el 30 de agosto por el Ejecutivo estatal y fue vetado ayer por la noche, el último al que tiene derecho el gobernador para realizar observaciones.
La ley presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, prohibe a los servidores públicos utilizar elementos de seguridad pública como escoltas personales y tipifica esta acción como abuso de autoridad.
Asimismo, la reforma a las leyes de Austeridad y del Sistema de Seguridad Pública y el Código Penal, aprobada por la mayoría de legisladores, establece la obligación de pagar por recibir los servicios de protección, además obliga a los funcionarios y políticos a demostrar mediante un dictamen, que necesitan ser custodiados.
En caso de que los servidores públicos se otorguen protección a sí mismos y a terceros sin ajustarse a la nueva legislación, la reforma señala que serán penalizados por el abuso de autoridad, castigándolos con penas de uno a ocho años de prisión y multas de 196 días de salario, dependiendo de la gravedad del caso.
De acuerdo con el diputado emeceísta, los únicos funcionarios estatales que deberían ser protegidos son el Gobernador, el Presidente del Supremo Tribunal, el Secretario de Gobierno, los Fiscales, los comisionados de Seguridad Pública y los Comisarios de la Policía Preventiva de los Municipios, sin embargo hay 700 elementos estatales que brindan actualmente protección a personas, entre ellas "sacerdotes y obispos", quienes tienen escoltas con cargo al erario.
Este es el documento enviado por el Gobierno de Jalisco al Congreso:
