Por: Ximena de Santiago, Elena Castolo, Ricardo Peña y Brayan Martínez
Detrás de cada desaparición de una mujer en Jalisco existe un perfil específico de las características físicas de las víctimas, e incluso con la información oficial es posible identificar zonas de riesgo.
Pese a ello, no existen acciones de seguridad preventiva que impidan que las desapariciones sigan sucediendo.
La entidad es el segundo estado en el país con mayor número de personas desaparecidas, pero la Fiscalía General de Jalisco y el Protocolo Alba siguen minimizando el problema. Argumentan que en el estado las mujeres desaparecen de manera voluntaria.
María tiene 17 años y vive en la colonia Oblatos, se despierta a las 6:00 de la mañana, para ir a la universidad, recorre la habitación con sus pasos, se mira en el espejo y se observa.
Tiene la piel morena clara, ojos de color café, pelo castaño, largo y lacio, mide como 1.65 y es delgada. Elige la ropa de acuerdo a la ocasión (formal o casual) pero también “la menos provocativa”, para evitar ser acosada o desaparecida.
Sale a la calle, todavía no amanece, se encuentra con su amiga Paulina y llegan a una calle oscura para tomar el camión. En la espera llegan dos personas muy sigilosas. Alcanzan a escuchar que hablan de ellas como si estuvieran analizando las características físicas que tienen. “No, ella no… creo que ella sí, podría ser…”, por suerte justo en ese momento pasó su camión y se fueron.
Muchas mujeres como María y Paulina no tienen las misma suerte… desaparecen… Las calles de Jalisco se han llenado de rostros, de letreros, listones, carteles con nombres, familiares que buscan a sus desaparecidas.
Jalisco es un estado que no repara en saber por qué aquí desaparecen tantas chicas parecidas a María: morenas con cabello lacio y castaño, delgadas con ojos color café y con una edad promedio de 19 años.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre 2014 y octubre de 2016, se han presentado 2 mil 165 denuncias por desaparición de mujeres, 67% de ellas corresponde a la ausencia de menores de edad, esto conforme a la solicitud de acceso a la información, FG/UT/6710/2016, realizada a la Fiscalía General de Jalisco ante la dirección del área de búsqueda de desaparecidos.
Indagatorias por desaparición de mujeres y mujeres menores de edad 2014-2016 de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.
La alta incidencia de violencia hacia las mujeres, donde se incluyen las desapariciones, ocasionó que Jalisco se convirtiera en el segundo estado en el país en activar una Alerta de Género, la cual inició el 8 de febrero de 2016.
Una de las acciones más importantes dentro de ella es la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.
Entre las funciones centrales de este programa, que opera bajo la coordinación de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Fiscalía General, recae la búsqueda de las mujeres desaparecidas, pero también la generación de medidas de prevención que eviten desapariciones.
En la información que se solicitó a la Fiscalía General de Jalisco también es posible observar un perfil en el tipo de mujeres que han desaparecido desde que entró en funciones la Alerta y el Protocolo Alba.
Este mismo perfil puede observarse en el trabajo de análisis que este equipo de investigación realizó tras conjuntar las fichas de búsqueda que familiares y colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), Por Amor A Ellxs suben a redes sociales para denunciar la desaparición de una mujer.
Los datos sobre el perfil de las desaparecidas y el lugar donde ocurren las desapariciones dejan en evidencia que este delito tiene un modus operandi que no es seguido o investigado por las autoridades competentes.
Perfil y zonas de incidencia
Siguiendo el orden de respuesta del 1 de junio al 31 de agosto del presente año, conforme a la aplicación del Protocolo Alba se iniciaron 82 indagatorias de 86 denuncias de desaparecidas únicamente en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
Con los datos ofrecidos en la solicitud de información pedida en la Fiscalía General con el folio FG/UT/6710/2016, y el análisis de 71 fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas en los municipios de Guadalajara y Zapopan que fueron publicadas en redes sociales, de enero del 2015 a octubre del 2016, por familiares o amigos de las desaparecidas se puede ofrecer un perfil tentativo del tipo de mujer que ha sido víctima de una desaparición, como se observa en el gráfico siguiente:
Características más predominantes en la desaparición de mujeres en Jalisco.
En el siguiente mapa puede observarse el lugar donde ocurrieron las 86 denuncias que se presentaron en las oficinas del Protocolo Alba durante 2016 y que únicamente concentran las desapariciones ocurridas en los municipios de Guadalajara y Zapopan:
El equipo de investigación se dio a la tarea de dividir en cuatro secciones los lugares donde sucedieron las desapariciones que se denunciaron ante la Fiscalía.
Mapa de mujeres desaparecidas en Guadalajara y Zapopan.
La sección dos, que corresponde a una parte del municipio de Guadalajara es la zona con mayor riesgo, con 34 denuncias presentadas. Las colonias que presentan mayor concentración de casos son Constitución, Independencia, Mesa de los Ocotes, Oblatos, y San Andrés.
Como observamos en el mapa, la sección uno presenta 27 casos, la sección tres 18 casos y la sección 4, que corresponde al lado izquierdo, presenta menos denuncias, 7 casos. En esa zona se encuentran colonias como Puerta de Hierro, aunque también colonias populares como Mariano Otero.
Desapariciones vemos, de “trata” no sabemos
En los últimos tres años se han presentado 2 mil 165 denuncias por desaparición de mujeres y en el mismo periodo de tiempo no han existido investigaciones contra el delito de trata de personas.
Una de las principales líneas de investigación que organizaciones civiles y académicos piden que se sigan tras la desaparición de mujeres es la vinculada con el delito de la trata en explotación o comercio sexual.
Sin embargo, en la Fiscalía General de Jalisco no se piensa de la misma manera porque aquí ambos delitos no se cruzan o se relacionan por la razón de que se asegura que al tratarse de “desapariciones voluntarias” no hay detrás de ellas algún tipo de delito.
De acuerdo a información de organismos internacionales y de la propia Procuraduría General de la República, en México son 47 los grupos delictivos que están involucrados con la trata de personas en tanto en el país como en Estados Unidos y Centroamérica.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que en Jalisco existen tres puntos rojos en cuanto a la trata de personas en Jalisco: Puerto Vallarta, la Ribera del Lago de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, entre el 1 de septiembre del 2014 y el 1 de septiembre del 2016, conforme a la solicitud de transparencia FG/UT/6710/2016, no existe ningún tipo de denuncia o averiguación previa registradas por el delito de trata de mujeres -entre los 16 a 25 años- en los municipios de Zapopan y Guadalajara.
De la misma manera tampoco existen en el Protocolo Alba investigaciones que cruce el delito de desaparición con el de trata tal como afirma la encargada, María Teresa Sánchez Vilches.
Al respecto, las académicas de la Universidad de Guadalajara e integrantes de ObservaLAtrata, organismo que registra el delito de la trata de personas y sus diversas variantes, María Antonia y María Rita Chávez, precisan que tanto en México y Jalisco, la trata y sus diversas variantes operan en total flagrancia:
“Realmente Jalisco es una representación muy clara de todos los problemas que hay a nivel nacional, y en Jalisco las modalidades más comunes según la prensa o datos de instituciones públicas son la explotación laboral, la explotación sexual, el uso de menores en la mendicidad y en redes delictivas y las adopciones ilegales”, explica María Antonia Chávez.
En México, desde el 2004, está vigente la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos y cuyo objetivo es fin es castigar, prevenir, tipificar y reparar el daño a las víctimas de la trata de personas. En Jalisco van tres años sin ningún tipo de investigación que haga prevalecer esta ley en el Estado.
En el artículo 142-j del Código Penal del estado de Jalisco, es obligación del Estado castigar: “Al que ofrezca, promueva, facilite, entregue o consiga a una persona menor de dieciocho años de edad o a una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, para cualquier forma de explotación, se le impondrán de seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos.”
Sobre la efectividad de dicha Ley General contra la trata de personas, María Rita Chávez argumenta que “esta no es aplicable en todos los estados, incluyendo Jalisco, porque no en todos ha sido armonizada; es decir, que no en todos se han creado los marcos jurídicos para que esta pueda aplicarse, ha sido muy lento el proceso de armonización de tal manera que sólo 19 estados de los 32 estados han armonizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque haya una Ley General vaya a erradicar el delito de trata; por el contrario, los perpetradores van procurando los espacios vacíos para actuar con mayor impunidad.”
En entrevista realizada a miembros de A21 Guadalajara, una organización contra la trata de personas, aseguran que “es difícil que existan datos en la Fiscalía porque es un delito muy complejo”, afirmando que en el estado ha sido la Secretaría de Turismo la que ha señalado como focos rojos a Chapala, Puerto Vallarta y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara... El problema, como aseguran, es que “sin denuncia no hay investigación.”
María Antonia Chávez, por su parte, expone, en lo que corresponde a la posible vinculación de la trata de personas con las desapariciones: “basta con que se vincule la desaparición con cualquier otro delito y se suman las penas del otro delito, mas no a la inversa. Eso quiere decir que si al delito de trata se suma un delito conexo, suele no dársele prioridad”.
Pese a que Jalisco es un foco rojo en trata de personas, de las 2 mil 165 denuncias por desaparición de mujeres, en los últimos tres años, ninguno ha presentado investigaciones contra el delito de trata.
Campaña de concientización sobre la trata de mujeres en el ITESO. Foto: A21
Desaparecer la trata, desaparecer a las desaparecidas
“La desaparición es un grave delito que ha venido escalando a partir del 2006”, indica el periodista especializado en desapariciones, Darwin Franco, para quien “el Estado mexicano parece no tener voluntad política y humana en querer resolver la situación, porque ni siquiera ha generado las condiciones de seguridad donde permita, por ejemplo, que no existan más desapariciones pero tampoco ha generado las medidas pertinentes para localizar a las personas que están en situación de desaparición.”
Actualmente no existe en el país, ni en Jalisco, una ley para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición de personas; sin embargo, en el Código Penal Federal sí está tipificado el delito de desaparición forzada, el cual es aquel que es perpetrado por algún funcionario público de manera directa o indirecta.
El artículo 215 A, del código mencionado, dice que: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
Las penas que se establecen van de los 5 a los 40 años de prisión, también precisa que el servidor público implicado en el delito debe ser destituido de su cargo y se le inhabilitará de uno a 20 años.
La Coordinadora de Protocolo Alba, María Teresa Sánchez Vilches, aclara su experiencia en el Protocolo y confiesa desconocer con exactitud la cifra de desapariciones en el estado.
Señala que la mayoría casos que reciben pertenecen al Distrito 13, que corresponde al municipio de Guadalajara, con un 80 por ciento. De ese porcentaje, 9 de cada 10 serían desapariciones voluntarias, y ella las describe “como mujeres que huyen de sus casas por su propio pie, orilladas por su entorno”.
La mayoría no incluye mujeres “levantadas” tal como ella las afirma. María Teresa atribuye a este tipo como las desapariciones involucrados con el crimen organizado y de este no existe ningún caso registrado.
“En la mayoría de los casos se tiene conocimiento de dónde están las chicas, se comunican con sus familiares, amigos, novios y hay algo que hace saber que la mujer está viva y que no quiere regresar.”
Sin embargo vemos casos como el video publicado el pasado 13 de noviembre en la redes sociales, en el que se ve cómo una chica que camina por en Tlaquepaque se escapa de un intento de plagio a través de una camioneta blanca en donde se observa a un hombre joven seguir a la muchacha. Por suerte la chica logra escapar y corre, la camioneta después huye con gran velocidad.
Esta noticia contrasta con lo que asegura la encargada del Protocolo y queda a la deriva.
Sostiene que no desestiman las desapariciones voluntarias, pero subraya la necesidad de aclarar que con frecuencia las desapariciones suceden por violencia intrafamiliar, por adicciones, pobreza y entornos muy precarios.
En relación a los casos de trata, señala no ser de su competencia, que no se ha detectado ningún caso, que han encontrado a la mayoría con vida o que han sido trasladadas a un albergue.
Darwin Franco ofrece su opinión sobre los protocolos y las alertas: “Las estadísticas han ido en aumento, no ha cambiado para bien en nada. Cuando las compañeras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, se levantaron de las mesas de diálogo que tuvieron con la Fiscalía y Gobierno del Estado, fue porque ellas evidenciaron que a partir que incrementan las alertas de género percibieron que se multiplicó la violencia de género y hubo disminución de denuncias y acciones jurídicas. La activación de la Alerta fue de forma, pero no de fondo, mientras el cambio no sea de fondo de nada sirve”.
Frente al Protocolo Alba comenta que “el delito de la desaparición no prescribe aunque se encuentre a la persona, prescribe hasta que se encuentra a los culpables y se les sentencia, es la parte que ella está olvidando, porque mientras no se les detenga es seguro que vuelvan a desaparecer a alguien más (...) En el caso de Jalisco tiene que ver con la cerrazón institucional, falta de apertura para hablar sobre el tema, pareciera que no existe para ellos, negación y deficiencia al brindar información. Yo he podido encontrar información en transparencia pero sólo es una parte de toda la información”.
A pesar de contar con un perfil de las desaparecidas, de tener estadísticas que hablan sobre los focos rojos en Jalisco alrededor de la trata de personas, ambos delitos no se cruzan porque en la visión de la Fiscalía General de Jalisco, las desaparecidas del estado desaparecen por su propia voluntad y no como parte de una acción delictiva que ha incidido en que las mujeres con cierto perfil físico y socioeconómico sean las que más desaparezcan en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
