14 de agosto de 2025.-En un acto realizado este jueves 14 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado de Jalisco presentó una disculpa pública dirigida a las familias de cuatro personas desaparecidas el 30 de septiembre de 2010, durante una administración estatal del Partido Acción Nacional (PAN) encabezada por Emilio González Márquez.
Las autoridades reconocieron que hubo graves omisiones institucionales en la investigación de este caso de desaparición forzada, ocurrido en los límites entre Jalisco y Zacatecas.
Este gesto se dio en cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aceptada por las fiscalías de Jalisco y Zacatecas debido a múltiples fallas en el proceso de atención y en las indagatorias.
Durante la ceremonia, familiares expresaron su dolor y frustración. Rosalina Michelle Sedano Chávez relató el vacío que representa la ausencia de su padre, mientras que María Natividad Guerrero Sedano —abuela de uno de los menores desaparecidos— denunció haber sido ignorada sistemáticamente por la Fiscalía.
También señaló que los acuerdos previos a este evento no se respetaron: se cambiaron fechas sin aviso, se limitó la cobertura mediática y se excluyó a organismos como la CNDH o el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, lo que calificó como poca sensibilidad hacia las víctimas.
Se compartió además la carta de Diego Aristóteles Enciso Cruz, quien tenía apenas tres años cuando desaparecieron sus padres. En ella, expresó su angustia por conservar apenas recuerdos de ellos y agradeció el apoyo legal recibido.
El fiscal estatal Salvador González de los Santos, acompañado por el Secretario General del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, admitió la responsabilidad institucional y reafirmó su compromiso con el derecho a la verdad y la justicia.
Señaló que se trabajará para que hechos tan lamentables no se repitan y prometió que cada caso será atendido con prontitud, sensibilidad y profesionalismo.
El Estado informó que ha reforzado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, fortalecido la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y establecido alianzas con universidades para mejorar su actuación.
Las familias subrayaron que una verdadera reparación del daño implica más que una declaración institucional. Demandaron ser escuchadas de forma activa, que se cumplan los acuerdos y que actos como este reconozcan sinceramente el dolor que aún enfrentan.
