De Reversa

El asesinato de Francisco Álvarez Quesada, un joven de preparatoria quien fue acuchillado para robarle un celular, y la intención del Gobierno de Jalisco de enviar el agua de Los Altos a León, fueron los motivos que generaron dos movilizaciones de la Universidad de Guadalajara, los días 4 y 11 de septiembre.

Los motivos bien podrían justificar que los jóvenes tomen las calles exigiendo acción y sensatez a las autoridades, aunque por desgracia lo que se vio en las movilizaciones fue un acarreo institucional de alumnos de preparatoria que traen la brújula perdida cuando de conciencia social se trata.

Otra vez los dirigentes de la casa de estudios se aprovecharon de los alumnos de preparatoria para cumplir su propósito de llenar la Plaza Liberación en la primera marcha, y de hacer bola en Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno en el caso de la Presa El Zapotillo.

Estudiantes de preparatoria de la UdeG contra la Presa El Zapotillo

Alumnos de licenciatura, maestría o doctorado brillaron por su ausencia. Desde esta redacción suponemos que los de nivel superior y posgrado ya no se la creen a los dirigentes estudiantiles que luego veremos haciendo grilla dentro del PRI, del PRD o de Hagamos, la nueva carta política de Raúl Padilla.

Para nadie es desconocido que el llamado Grupo Universidad ha metido presión al gobierno estatal a través de una nueva asociación política denominada Hagamos —que encabeza el secretario general del Sindicato de Académicos de la UdeG, Enrique Velázquez— para quedarse con el control de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos integrantes aún están por definirse.

No es la primera vez que la cúpula de la UdeG utiliza a los jóvenes para encausar sus intereses o construirse una imagen positiva ante los ciudadanos. ¿Recuerda usted la muerte de la también estudiante de 17 años María Fernanda Vázquez, quien fue atropellada por un camión de la ruta 368 en un paradero que se encuentra afuera de la preparatoria 10?. Los funcionarios de la casa de estudios prometieron hacer presión al gobernador Aristóteles Sandoval para mejorar el transporte público. ¿Percibe usted algún cambio?.

Autoridades de la UdeG en la marcha contra la inseguridad del 4 de septiembre de 2017

El caso es que el rector de nuestra Benemérita casa de estudios (no es chiste, el Congreso del Estado le otorgó ese nombramiento en el 2014), Tonatiuh Bravo Padilla se lamentó de que la inseguridad los obliga a destinar cada año alrededor de 60 millones de pesos para reforzar la vigilancia de los planteles, cuando bien podría destinarse el monto a la educación.

En De Reversa le tenemos una solución al rector para que le siga invirtiendo a la educación, y nos dé más de esos estudiantes brillantes. Bien podría rasparle un poquito a los 539 millones de pesos que etiquetó el Consejo General Universitario en el presupuesto 2017 para el uso exclusivo de las empresas parauniversitarias que controla su jefe inmediato, el “Licenciado” Raúl Padilla López.

Estudiantes de preparatoria en la marcha contra la violencia

Vea usted, tan solo la inmobiliaria Uniterra posee un presupuesto que ronda los 52 millones de pesos, casi el equivalente a lo que asegura el rector, se gasta en seguridad interna de los planteles.

Uniterra no sólo es un derroche de recursos, sino que además fue un fracaso en la construcción de una Unidad de Medicina Familiar en la colonia Las Palmas de la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, situación que estuvo a punto de dejar a la Universidad de Guadalajara fuera de todo concurso de obra pública durante un año por una sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública. Suponemos que los buenos oficios del licenciado hicieron dar marcha atrás a la dependencia federal en su cometido.

Estudiantes de preparatoria de Lagos de Moreno en marcha contra El Zapotillo

No te acabes UdeG

En De Reversa también nos preguntamos si la Universidad de Guadalajara ofrece el mismo trato a toda su comunidad de estudiantes o es que algunos gozan de ciertos privilegios. Y eso va a cuento porque hace unos días el diario Mural reveló que el ex coordinador de Prensa y Comunicación de ésta institución, Marco Tulio Flores Mayorga, aún le adeuda 293 mil 134 pesos por el financiamiento de una beca para estudiar un doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, solicitado en el 2009.

Como no se ha titulado, el funcionario debió pagar a la casa de estudios el financiamiento recibido, pero en lugar de eso, solicitó a la Comisión de Condonación y Becas del CUCEA que mantenga vigente su beca para seguir estudiando en la Universidad de Málaga y concluir su doctorado.

Y es que según la publicación, Marco Tulio, cobra un sueldo cercano a los 40 mil pesos mensuales por asistir en el Congreso del Estado a la diputada del PRD, Mónica Almeida. Nada más que quienes trabajan en el Legislativo aseguran que sólo vieron al funcionario la primera semana de enero y después se desapareció por completo.

Quienes trabajan en el piso seis del edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara, aseguran que Marco Tulio fue uno de los artífices del acoso laboral que sufrieron y sufren reporteros de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), en la que está incluida La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, de la mano del titular de esta área, Everardo Partida Granados, así como de la jefa de Información, Cristina Félix.

Todo esto —que ha ido sucediendo a lo largo de la administración del rector general, Tonatiuh Bravo Padilla— provocó que varios reporteros, fotógrafos y editores fueran orillados a renunciar o les rescindieran sus contratos por no estar de acuerdo con la falta de ética laboral y las prácticas de mobbing de los “jefes” de esa coordinación.