Por: José Luis Hernández Pérez / Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
23 de marzo de 2026.-La revisión y potencial renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya etapa preparatoria ya se ha iniciado con las pláticas entre representantes de dichos países y los comentarios de sus gobiernos, revelan que lo que el vecino país del norte intenta es incorporar nuevos elementos comerciales y regulatorios, para garantizar que el comercio agrícola siga siendo dinámico y aún más beneficioso para sus consumidores, productores, agroindustrias, supermercados, exportadores y compañías transportistas.
Uno de los ejes centrales de la renegociación actual es la biotecnología agrícola (especialmente los cultivos genéticamente modificados, paquetes tecnológicos específicos, semillas patentadas e insumos), pero también la expansión de la digitalización agrícola (Big data y Agtech, agricultura de precisión, algoritmos, inteligencia artificial y plataformas comerciales digitales) que Estados Unidos desarrolla y controla.
Así, el comercio digital adquiere un papel central en esta renegociación debido a que el país vecino busca garantizar aún más el libre flujo de datos, la protección del código fuente, la ciberseguridad y los algoritmos patentados. De hecho, organizaciones agroindustriales estadounidenses demandan que México cumpla con su compromiso de impulsar la biotecnología y digitalización agrícola en el marco del tratado.
Foto: Sader Jalisco
La pertinencia de este análisis se confirma con acontecimientos recientes, como el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de invertir 40 millones de dólares en el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México, con el objetivo de fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología e innovación agrícola. Sin embargo, este tipo de iniciativas, presentadas bajo un discurso de cooperación, forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar la influencia tecnológica y productiva estadounidense en el sector agrícola mexicano.
Paradójicamente, México ha adoptado una postura basada en el principio de precaución —prohibiendo el maíz transgénico para consumo humano y restringiendo el uso de ciertos insumos tóxicos— mientras que Estados Unidos sostiene que estas medidas carecen de base científica y constituyen barreras comerciales incompatibles con el tratado. Esta divergencia refleja una tensión más amplia entre soberanía alimentaria y tecnológica, salud ambiental e intereses comerciales.
A esta disputa se suman la eliminación progresiva del glifosato y la prohibición de diversos plaguicidas en México, políticas orientadas a proteger la salud y el medio ambiente. Sin embargo, desde la perspectiva estadounidense, estas decisiones generan incertidumbre regulatoria, afectan la productividad y limitan el acceso a insumos clave para la agricultura intensiva y de exportación.
Otro foco de fricción se encuentra en las barreras sanitarias y fitosanitarias, así como en el acceso a mercados específicos. Casos como la importación de papas estadounidenses o las medidas antidumping sobre el tomate mexicano evidencian que, más allá de los aranceles, persisten mecanismos regulatorios que condicionan el comercio. Asimismo, los riesgos fitosanitarios —como el gusano barrenador— muestran la vulnerabilidad del acuerdo ante eventos biológicos que pueden interrumpir flujos comerciales.
Foto: Sader Jalisco
En el ámbito de la propiedad intelectual, el T-MEC refuerza la protección de semillas y variedades vegetales (Acta UPOV 91), lo que ha sido interpretado como un avance hacia la privatización de los recursos genéticos, con implicaciones directas para los agricultores, especialmente los de menor escala. También la posible renegociación busca reducir fricciones logísticas, regulatorias y operativas en la frontera en favor de Estados Unidos, particularmente aquellas que incrementen costos de transporte y retrasen el flujo de mercancías agrícolas vía ferrocarril, autotransporte y puertos.
En términos estructurales, estas controversias no son nuevas. Desde el TLCAN, se han señalado problemas persistentes como las asimetrías tecnológicas, laborales y productivas, el dumping y la competencia con productos subsidiados, la pérdida de autosuficiencia alimentaria y el deterioro de las condiciones de vida rurales en México. En este sentido, la potencial revisión del T-MEC reabre debates históricos sobre los efectos negativos del “libre comercio” en el campo mexicano y sobre la profundización de la liberalización y transnacionalización de la agricultura (ver: https://doi.org/10.20430/ete.v88i352.1274).
El T-MEC enfrenta su primera revisión en 2026 en un contexto de alta incertidumbre. La renegociación se convierte en un espacio de disputa donde se impulsan los intereses del sector agroalimentario estadounidense sobre los nacionales. La renegociación no se limita a un conflicto comercial; lo que está en juego también es un conflicto epistémico, productivo y político ligado al modelo de desarrollo agrícola. Ante esto, se debe impulsar un proyecto y una estrategia nacional que busquen priorizar el mercado interno, la sostenibilidad, la agrotecnología con mayor contenido nacional y programas de apoyo a pequeños productores, así como la regulación estatal y la soberanía alimentaria.
Ceder totalmente ante estas presiones significaría renunciar a una estrategia de desarrollo ligada a las verdaderas necesidades del país, puesto que los Estados Unidos dominan los avances en la biotecnología y digitalización agrícolas, especialmente los transgénicos y las plataformas digitales, lo que reforzaría relaciones de dependencia tecnológica y rentas de monopolio, redefiniría relaciones de poder en las cadenas agroalimentarias y limitaría trayectorias productivas del agro nacional.
