21 de enero de 2025.-En un fallo que busca fortalecer la protección de los animales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará sobre la validez de las sanciones penales por maltrato animal en el contexto de rituales religiosos.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado un proyecto que propone validar los artículos del Código Penal de la Ciudad de México que castigan con prisión el maltrato animal. Esta iniciativa surge a raíz de una impugnación presentada por una mujer que practica la santería, quien argumenta que dichas leyes violan la libertad de culto.
La santera alega que la inmolación de animales es una parte esencial de sus prácticas religiosas y que su prohibición constituye una intromisión en la libertad religiosa. Sin embargo, el ministro Alcántara Carrancá argumenta que la finalidad de la ley es proteger a los animales, no prohibir una religión en específico. Señala que si bien el artículo 24 constitucional protege la libertad de culto, este derecho no es absoluto y puede ser limitado cuando afecta derechos de terceros, en este caso, el derecho de los animales a no sufrir maltrato.
El proyecto de resolución, que será debatido el próximo 22 de enero, establece que las entidades federativas tienen la facultad de legislar en materia de protección animal, siempre y cuando no se contraponga a la legislación federal. Además, reconoce la necesidad de ponderar el derecho a la libertad religiosa con el derecho a la protección del bienestar animal, buscando un equilibrio entre ambos.
De aprobarse este proyecto, se sentaría un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal, reafirmando que las prácticas religiosas no pueden justificar el sufrimiento y la crueldad hacia los animales.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad religiosa y la necesidad de proteger a los animales, poniendo de manifiesto la creciente conciencia social sobre el bienestar animal. Organizaciones protectoras de animales han celebrado la iniciativa de la SCJN, mientras que algunos grupos religiosos han expresado su preocupación por la posible afectación a sus prácticas tradicionales.
