24 de marzo de 2025.-El poder público, lo sabemos desde primaria, esta conformado por la representación política de los diferentes estratos de un país: desde sus comunidades más pequeñas hasta sus ciudades grandes, para llegar a los grandes gobiernos estatales o el único gobierno nacional.
Entre las atribuciones de este poder que se encarna tras procesos electorales, al menos en las naciones democráticas, están las de aplicar la ley, cobrar impuestos y monopolizar la violencia a nombre de todos los ciudadanos, quienes a cambio reciben servicios públicos, certeza en el acceso a sus derechos y la seguridad de que no van a sufrir atentados. Visto esto, es más que claro que ningún ente privado tiene las capacidades financieras, legales y de fuego para enfrentarlo como conjunto.
Porque hay poderes fácticos de mayor o menor relieve. Y siempre buscan influir en la ruta de los gobiernos para torcer los fines del Estado a su favor. Históricamente ha sucedido con las iglesias en general, que declinaron en los Estados modernos, pero hay otros poderes fácticos que emergieron, como los partidos políticos , los grupos de opinión y sobre todo las grandes empresas, legales o ilegales. Aquí se puede sin dificultad insertar a una de las que mayor impacto causa en la vida de los mexicanos: el crimen organizado, los cárteles de la droga.
Se trata sin duda de empresas que no solamente comercian productos ilegales, sino que barren con los derechos de millones de personas, un modelo de negocios que conforma un lastre para cualquier república. Y que ha encontrado una complicidad al menos parcial, de acto u omisión, por parte de los poderes políticos institucionales: desde las modestas presidencias municipales, que han sido fáciles de devorar por estas temibles organizaciones, hasta entidades del gobierno Federal, pasando por los gobiernos de los estados.
He hecho este repaso porque los hechos siniestros del rancho Izaguirre, un campo de entrenamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación a poco más de 50 kilómetros de Guadalajara, parece que se nublan en la visión de decenas de periodistas e influencers que se volcaron los últimos días a construir una verdad presuntamente directa sobre un espacio físico previamente alterado por la autoridad.
Sea a favor o del Gobierno de Jalisco o del Gobierno de la República, un porcentaje importante de los comunicadores parecieran perder de vista que su compromiso no puede ser con ninguna narrativa de poder, porque el periodismo surgió para romper la armonía del discurso político que siempre es sospechoso de amenazar las libertades básicas.
Prestarse esa simulación constituye una muy poco honrosa forma de ejercer una profesión que fue clave para el surgimiento histórico de la democracia. El periodismo como derecho a la verdad y a la crítica para las personas comunes ha hecho más por el mantenimiento de la república que cualquier caudillo histórico.
Para nada se trata de un “cuarto poder”, eso pervierte su papel. Es un sencillo contrapoder que se basa en los datos elementales de la realidad para denunciar la violación de los derechos de cada individuo, sobre todo de los más humildes, los más alejados de los centros de decisión, pero que padecen en su vida diaria sus efectos.
Si queremos un síntoma claro de la progresiva degradación de la vida pública que trae el autoritarismo creciente en México, la vergonzosa cobertura de muchísimos comunicadores sobre el Rancho Izaguirre debe servir de alarma: la prensa al servicio de los proyectos de poder es el primero de lo síntomas de la cancelación del derecho a disentir, el eje de cualquier democracia real. Triste y desolador.
