Por: Roberto Castelán Rueda (@CastelanRob)
El escenario propuesto: el presidente municipal de una ciudad grandotota, tan grandotota que tuvo la necesidad de duplicar su nombre, decidió embellecer a ese monstruo de fierros retorcidos, caucho y concreto poniendo como adornos dispersos, enormes esculturas en algunos puntos de la gran urbe, encargándoselas a reconocidos artistas plásticos de la duplicada ciudad, seleccionados y recomendados a su vez por un grupo de prestigiados especialistas en arte, urbanismo y estética.
Las modernas ciudades están obligadas a invertir en y promover el arte. En este caso, la inversión para alimentar al #ProyectodeArteUrbano, como se llama la acción municipal, no proviene del presupuesto ordinario del ayuntamiento sino de un fondo extra obtenido de un innovador Reglamento de Compensación, Indemnización o Mitigación. La ciudad se embellece y su presupuesto queda intacto.
Percepción ciudadana 1: el presidente municipal de la ciudad del nombre duplicado, como cualquier otro presidente municipal, disfraza un acto de corrupción con el velo de una obra pública necesaria y noble. El dinero invertido en una sola escultura, 4.5 millones de pesos se considera un pago por servicios de publicidad adquiridos durante la campaña política que lo llevó a la presidencia.
El artista encargado de realizar la escultura, participó activamente en esa campaña poniendo su fama como cantante de un grupo de rock al servicio del partido político cuyo candidato, hoy, ya convertido en presidente, lo contrata.
Ese sistema de “invertirle a la campaña y cuando ganemos se te compensará”, es un viejo conocido en la política mexicana. Constructores, restauranteros, todo tipo de profesionistas y hasta desempleados “le apuestan” a un candidato poniendo a su servicio sus oficios, servicios y conocimientos. Si tiene suerte en el casino de la política y el candidato al que “le puso su resto” gana, tiene altas posibilidades de ver recuperada su inversión. Y con ganancias.
Percepción ciudadana 2: como cualquier gobernante en funciones, los políticos favorecen a sus amigos asignándoles contratos de obra pública. Tratándose de artistas, con este acto de corrupción también se promueve una estética oficialista o gubernamental privilegiándose a un grupo de “artistas del régimen”, en detrimento de la libertad artística y, lo que es aún peor, sometiendo a la estética al gusto particular de un gobernante.
La íntima solidaridad que se establece entre artistas y políticos convierte al arte público en un arte por encargo y se demerita como arte, los productos pasan a ser simples piezas recreativas de un cuestionable valor artístico.
Al ser electos para ocupar un cargo público, los gobernantes se creen obligados a dirigir el “arte público” o “arte del pueblo”, a controlar y guiar la estética de los ciudadanos. Por eso no es casual que el “proyecto artístico” del ayuntamiento coincida en la forma con el “proyecto artístico” del gobierno del estado: en ambos la asignación de obra pública a sus artistas cercanos es evidente.
Percepción ciudadana 3: el costo pagado por la obra pública es muy alto. Como en la última compra para la “Colección del pueblo de Jalisco”, la discrecionalidad del pago a los autores por su obra sin mediación de un parámetro establecido por el mercado, hace pensar que la obra adquirida por el gobierno o el municipio tiene un costo mucho mayor al que pagaría un particular en el mercado del arte.
Ningún artista de los “seleccionados” le ha vendido a nadie una obra al precio pagado con el dinero de los contribuyentes. Una compra hecha así, sin parámetros confiables, puede prestarse a corrupción, o a dispendio del dinero público. Sobre todo, como en el caso de la obra escultórica “La Maceta de Cuca”, el autor no es un escultor.
Percepción ciudadana 4: el dinero para adquirir la obra proviene de un enorme acto de corrupción. El llamado “Reglamento de Compensación, Indemnización o Mitigación” el cual regula las construcciones hechas fuera de norma a cambio de una sanción, es un enorme “moche” que permite la violación a la Ley disfrazado de reglamento.
Por fortuna para nuestros gobernantes, como en el caso del tema de la seguridad, las anteriores sólo son “percepciones”, generalmente erróneas, de los ciudadanos.
