Por: Aisha Ruiz, Mariela Amador (@neon4colors), Ilse Villanueva (@ilsevillanuev10), Cristina Meza (@Cristin_mez4), Karina Orozco (@SillyKarina), Belén Sandoval (@belen_svarela) y Claudia Rodríguez (@CayisRguez)
“¿Estás segura de lo que dices? ¿No estás confundida con lo que viste?” Fueron las palabras exactas que usó el rector de un centro universitario de la Universidad de Guadalajara tras recibir a Julia -nombre ficticio para proteger su identidad- en su oficina con un acta de denuncia contra un profesor que la acosaba desde el primer semestre. Su agresor se “había pasado de la raya”: él la había tocado.
Según datos proporcionados por la Fiscalía General de Jalisco, mediante la solicitud, LTAIPJ/FG/1750/2016, entre enero de 2012 y agosto de 2016, se han presentado tres denuncias penales por hostigamiento y acoso sexual al interior de la UdeG, siendo el docente de la universidad a quien se le acusa de cometer el delito en las tres denuncias presentadas.
Estos tres casos, sin embargo, representan sólo el 6% de las denuncias que de manera formal se han hecho ante alguna instancia académica y administrativa de todos los centros universitarios y preparatorias adscritas al Sistema de Educación Media Superior (SEMS), ya que conforme la solicitud realizada a la Unidad de Transparencia de la UdeG, expediente UTI/628/2016, de enero de 2012 a agosto del 2016 se registraron 49 casos de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Guadalajara. Julia es uno de ellos.
El 46% de las de denuncias se presentaron en alguna de las preparatorias del SEMS, donde los alumnos -en su mayoría- son menores de edad; el resto de las denuncias, 54%, se presentaron en los centros universitarios siendo CUAAD, CUCEI, CUCS y CUCI los que más denuncias obtuvieron.
Estos datos, aunque sólo son las denuncias o reportes oficiales, dejan entrever (Gráfico 2) que la mayor parte de ellos se quedan sin algún tipo de castigo o sanción, ya que de las 49 denuncias sólo 14 (el 28%) merecieron algún tipo de sanción, el resto quedaron sin castigo porque “no hubo elementos para comprobar la agresión”.
Con la información otorgada por la Unidad de Transparencia de la UdeG se puede percibir la insuficiencia en las sanciones aplicadas, pues no están acorde a las normativas que buscan erradicar la violencia de género, en la cual se incluye el acoso y hostigamiento sexual cometidos contra mujeres y hombres.
En el caso de las acciones para sancionar a los profesores acusados de “acosar u hostigar a un alumno” éstas van desde la amonestación, destitución, suspensión, acuerdos de sana convivencia, entre otros.
La cantidad de casos “sancionados” no va más allá de 14, dejando un total de 35 casos sin resolver. En la información otorgada por la UdeG no se especifica qué tipo de castigo aplicó para cada caso. El profesor que acosó a Julia, sólo recibió una amonestación y aún continúa dando clases.
Según el artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el hostigamiento sexual es todo ejercicio de poder dentro de una relación de subordinación con connotación lasciva expresado a través de conductas físicas y verbales relacionadas con la sexualidad.
A diferencia del acoso sexual, que ocurre en cualquier tipo de espacio y los involucrados no necesariamente se encuentran en algún rango jerárquico, ambos se manifiestan en diversos espacios, como la vía pública, el trabajo y la escuela.
Hoy, este tipo de violencia se ha vuelto cotidiana en las aulas y pasillos de la Máxima Casa de Estudios siendo los profesores y personal administrativo, los principales agresores.
El acoso sexual en la UdeG es producto de una normalización de la violencia por parte de la comunidad universitaria, lo cual también es consecuencia de la poca cultura de denuncia y la falta de confianza a las autoridades responsables, esto ha ocasionado la indolencia y el desinterés para resolver esta problemática. Tal y como pasó con los hechos recientemente ocurridos en el CUCEI.
“Me quedé en shock, yo no supe qué hacer”, esta fue la reacción de Julia después de haber sido violentada por su profesor, el cual es visto por muchos como un maestro de confianza; sin embargo, desde que éste la conoció comenzó a enviarle mensajes de texto que nada tenían que ver con el ámbito académico.
Muchas más víctimas de las que parecen…
Las 49 denuncias son sólo un fragmento de la realidad que viven los estudiantes de la UdeG. Este equipo de investigación realizó un muestreo de manera aleatoria a 60 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) en el cual -en cuatro años- sólo se registran dos denuncias que no merecieron sanción alguna por falta de pruebas. El 83% de los encuestados consideraron que el acoso sexual es frecuente dentro de la universidad.
25 de 60 estudiantes encuestados confesaron conocer casos de acoso sexual sucedidos dentro de las instalaciones de la universidad; 15 de ellos se han sentido acosados y el 55% dijo que la manifestación de acoso más frecuente son las miradas y palabras obscenas; 50 de los 60 encuestados afirmaron que el acoso sexual en la universidad se presentaba de manera frecuente.
Considerar que el CUCSH sólo ha registrado dos denuncias de violencia sexual no significa no existan otras, 45% de los estudiantes encuestados señaló que no se denunciaban estas situaciones por vergüenza y el 33% por miedo.
¿Quién ve realmente por los estudiantes?
La UdeG cuenta con una Ley Orgánica que dictamina derechos y obligaciones para alumnos, personal docente y administrativo; sin embargo, ésta no cuenta con un apartado que tipifique y sancione el hostigamiento sexual, pues sólo se refiere a los actos ilícitos y faltas a la moral, términos sumamente ambiguos y generales que hacen casi imposible comprobar y sancionar estos actos.
De acuerdo a la información de la Unidad de Transparencia de la UdeG, al no existir un único órgano o instancia receptora de las denuncias y, con ello, se hace incierto saber quién es el responsable en la red universitaria de dar seguimiento y resolución a estas denuncias.
Por otro lado, en dicha Ley Orgánica en sus artículos 89, 90 y 91, se refiere a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones como la encargada de imponer sanciones sólo de manera administrativa y a consideración de la gravedad de la falta por parte de los miembros de la comisión.
¿Y qué pasa con los representantes universitarios?. En la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), aunque tienen conocimiento de la existencia del problema, no se ponen de acuerdo de si es responsabilidad del organismo atender a las víctimas de acoso.
Al momento de realizar la investigación todavía era presidente Alberto Galarza Villaseñor, aceptando entonces que sí es responsable la FEU de acompañar a las víctimas.
Ernesto Gutiérrez Huízar, miembro de la FEU y excandidato a la presidencia de la misma, opina lo contrario: “No tendría que serlo, no debería. La esencia de la organización estudiantil, lo que tendría que hacer, es estar produciendo el extra, o sea, lo que la Universidad no cubrió porque hasta ahí llegan sus funciones”.
¿Y el protocolo? ¿Qué está haciendo la Universidad?
La Universidad de Guadalajara no cuenta con un protocolo en prevención y atención del acoso sexual; lo cual no es un tema particular sino generalizado en la educación superior de todo el país, ya que,conforme se señala en un reportaje de Animal Político, tan sólo cuatro universidades cuentan un con marco reglamentario para prevenir y sancionar el acoso.
Al ser cuestionado sobre la ausencia de este protocolo, el titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, encargado de diseñar y crear estrategias y políticas de seguridad en el estado para la UdeG, dice no contar con alguna denuncia de acoso dentro de las instalaciones.
Él asegura que la coordinación no tiene la facultad de sancionar a nadie. En caso de llegarse a presentar una denuncia ante esta, su responsabilidad se limita a turnar el acta a la unidad competente la cual, menciona, se trata del Consejo de Escuela y el Consejo de Centro Universitario.
Montalberti Serrano también mencionó que la coordinación ha tratado el tema del acoso, entre otros asuntos de seguridad, mediante talleres y pláticas a los alumnos, y asegura que la UdeG sí cuenta con un protocolo de atención: la Ley Orgánica.
Si bien en dicha Ley no se especifica el acoso como tal o el mencionado protocolo, para el coordinador, los talleres de cultura de denuncia y prevención, junto con la Ley Orgánica, son suficientes para tratar cualquier tipo de falta.
“No sólo es denunciar, sino que hay que enseñar a cómo cuidarte. El protocolo lo tiene la Ley Orgánica de la universidad que todos estamos obligados a saber cuáles son nuestras obligaciones y derechos; todos los delitos que se ocurren en la universidad y conductas antisociales son sancionadas, hay una Ley orgánica que los sanciona. No hay un delito para si me pica un alacrán…”
El domingo 11 de septiembre de 2016, “El Rojo”, como es apodado el ex presidente de la FEU, Alberto Galarza, declaró en un programa transmitido por la cadena Televisa Guadalajara, que las cosas estaban mejorando en la UdeG; entre los cambios, se encontraba el despido de los profesores señalados de acosar sexualmente a los alumnos.
Cuando el equipo de investigación le cuestionó acerca de esto, y con base en los resultados obtenidos por la Unidad de Transparencia de la UdeG, donde se revela que sólo 3 de las 49 denuncias por acoso recibieron el tipo de sanción, esta fue su respuesta:
“Lo que pasa es que los casos que a mí me ha tocado intervenir son destituidos”; sin embargo, dice no tener un número exacto de casos intervenidos, además de confirmar que “desgraciadamente” los casos que no llegan a él no son atendidos.
Por otro lado, en entrevista con la académica y activista especializada en derechos humanos y asuntos de género, Guadalupe Ramos Ponce, declaró que la UdeG está haciendo algo por las víctimas de hostigamiento y acoso sexual, pero ésto es poco frente el enorme problema al cual se enfrenta la universidad.
“Ni siquiera tienen idea de lo que es el acoso y de lo que es el hostigamiento y de los efectos que esto tiene en las víctimas”. Al preguntarle acerca de cómo cree que la universidad está abordando las 49 denuncias", respondió.
“No lo está abordando, abordar sería creando una instancia de denuncias, pero no lo hacen. Saben perfectamente sobre el tema, pero no le dan la importancia que amerita. Estas cifras son impresionantes, que ni la mitad de las denuncias son sancionadas, estas cifras ni siquiera se acercan a la realidad”.
Procesos inciertos
“¿Cómo te puedes proteger de un león? El león te va a comer siempre, va a ir por ti, no puedes convencer a un león que se haga vegetariano, o a un tiburón, es una conducta de él; lo que tienes es cómo puedes detenerlo a él, cómo decirle que basta, que no lo puede hacer más. Tú cómo puedes protegerte de un acechador, del depredador”, así respondió el coordinador de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano, al recalcar que el mejor protocolo es la “prevención” por uno mismo antes de sufrir acoso.
Los alumnos que han sido violentados sexualmente y que decidieron denunciar su caso pasan por procesos de denuncia que son “lentos, confusos y revictimizantes”.
Así lo vivió Julia, quien después de lo sucedido no sabía a quién recurrir; una persona externa le recomendó hacer un escrito en donde explicará a detalle los hechos.
Al presentar el documento ante el rector de su centro universitario, éste se mostró hostil, justificando al profesor en todo momento con comentarios como: “muchas alumnas denuncian estos casos sólo para vengarse de maestros que dan malas notas”.
Incluso argumentó que levantar una denuncia en contra del profesor iba a ser muy difícil, pues éste estaba protegido por un sindicato y contaba con un historial limpio. Su denuncia sólo fue sellada.
Así como Julia, Mariana también fue hostigada sexualmente por un profesor de su centro universitario. Tras el escaso conocimiento acerca de la existencia de algún reglamento o normatividad que la respaldara en caso de sufrir este tipo de violencia, ella pronto se percató de la ausencia de todo protocolo, así que se vio en la necesidad de moverse por otros medios.
Pidió apoyo a los profesores, pero estos hicieron caso omiso.
Donde también se hace caso omiso es en las sanciones, pues son pocos los victimarios que reciben algún castigo, así puede comprobarse en el rol escasamente protagónico de la Contraloría General de la UdeG -órgano que sustentado en la Ley Orgánica de la UdeG es el encargado de atender denuncias o demandas de los estudiantes.
No obstante, en los datos obtenidos por transparencia no se aprecia una intervención real de esta área sino de otros órganos universitarios como el Comisionado de Responsabilidades y Sanciones, la Secretaría Académica, entre otros.
Ninguno de ellos brindó certeza y justicia a quienes denunciaron acoso sexual al interior de la Universidad.
Los procesos que sigue la Comisión de Responsabilidades y Sanciones para actuar ante casos de acoso sexual no dejan de ser inadecuados, pues se incurre en la revictimizacion del afectado al pedirle que relate, escrita y oralmente, más de una vez, los hechos.
El proceso, desde que la denuncia es presentada hasta que se da una resolución del caso, dura aproximadamente un mes; eso, en todo caso que la Comisión considere pertinentes y suficientes las pruebas para que proceda la denuncia.
Aunado a esto, la Comisión sólo tiene la facultad de sancionar de forma administrativa. Aunque no impide la decisión de la víctima de levantar una demanda penal, no le da un acompañamiento en el proceso.
Sobre la Comisión, Ernesto Gutiérrez comenta: “Institucionalmente no hay una vía ni veloz, ni privada, ni ágil, ni autónoma que permita que se le dé un trato específico. Además, tu caso se va a tratar igual, por ejemplo, que si te roban una bici, es decir, la misma Comisión, con los conocimientos que tiene, va a tratar todos los casos por igual. Y como la normativa no contempla casos tan específicos, entonces se somete a criterios de discusión de las comisiones…te estoy hablando de un proceso que está destinado al fracaso”.
La justicia trunca: “Modere su comportamiento”
La UdeG, con el pretexto de la falta de pruebas para comprobar la existencia de acoso y hostigamiento sexual, ha minimizado el delito; su solución se reduce a sanciones absurdas, como lo es: “llamar la atención” a los académicos, pidiéndoles que "moderen" su relación con los alumnos para que a través de esto tengan acuerdos de sana convivencia.
“El protocolo es la Ley Orgánica de la Universidad. El hecho de que no sancione no quiere decir que no exista, pero si la Ley Orgánica está ahí, y si no se aplica y no se da como marca no es porque no exista, sino porque fallan los que deben de aplicarla. Pero existe la Ley Orgánica, y la interpretación de la ley y como se aplique, eso es otro asunto” dijo Montalberti Serrano, deslindando a la máxima casa de estudios de los procesos que no “funcionan” y argumentando que la UdeG ya está “haciendo su parte”.
La revictimización que viven día con día los alumnos que han sufrido acoso, va más allá del ámbito institucional; pues Mariana constantemente se sintió acomplejada por la recurrencia en frases hirientes dichas por compañeros que no hacían más que relucir la arraigada normalización de temas relacionados con la violencia de género.
Julia aún se topa en los pasillos con el profesor que la acosó. Él sigue impartiendo clases en el mismo centro universitario, al igual que el profesor que agredió a Mariana.
Protocolo de atención, obligación de todos
En diversas ocasiones, el Rector General de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, ha expresado públicamente la necesidad de que al interior de la máxima casa de estudios se respete y promueva la equidad de género.
Incluso, ha anunciado acciones concretas encaminadas minar toda violencia hacia las mujeres universitarias; sin embargo, el proceder de las denuncias que se presentan alrededor del hostigamiento y acoso sexual en las propias instancias universitarias no parecen ir en la misma dirección.
Al respecto, Guadalupe Ramos Ponce remarcó la importancia de crear un protocolo de atención: “Tiene que crearse dentro de la Universidad una instancia especializada para atender estos casos; una instancia de denuncia segura. Porque las instancias que ya existen en sí mismas no pueden. Primero, no están preparadas, no pueden atender estos casos, no están ni sensibilizados y capacitados para atender estas problemáticas y tiene que ser un área especializada de denuncia segura”.
Un comité técnico especializado en el tema, creado por la misma UdeG, presentó la iniciativa para la creación de un protocolo dentro de la universidad, con principios rectores de derechos humanos y perspectiva de género. El 8 de marzo de 2016, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se anunció que la Universidad le “entraba al tema”.
A un año de esto aún no se tiene una fecha para que el protocolo pueda ponerse en marcha y se ha reducido a la conformación de dicho comité.
“A partir de la creación de este protocolo, ya se sabría cuál sería la estructura de denuncia segura; por un lado, tienen que ser de denuncia y por otro lado tiene que ser también de generar y de promover el respeto a los derechos humanos”, expresó Ramos Ponce.
La creación de un protocolo que proteja los derechos de los estudiantes alrededor de problemáticas como el acoso sexual es urgente, y así lo demuestran las agresiones sufridas por mujeres estudiantes dentro del CUCEI o las conductas misóginas emitidas por un profesor de la Preparatoria 10.
No obstante, la creación de este marco normativo -prometido hace un año- debe ser una tarea conjunta donde toda la comunidad universitaria debe trabajar para evitar que la violencia se justifique a través de una costumbre tan dañina como “el buitreo”
¿Doble discurso de la UdeG?
El 16 de agosto de 2016, el Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, firmó junto con el Gobierno de Jalisco y organismos empresariales, los compromisos de la campaña “He for she” de ONU Mujeres México, ahí se comprometió a que la universidad contribuiría “a la equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres”.
El 19 de diciembre del 2016, el Comité de Análisis Sobre la Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara realizó un comunicado que fue difundida por la cuenta oficial de la casa universitaria (@udeg_oficial) y la cuenta del Rector General (@tonatiuhbp); en dicha declaración la UdeG, mediante dicho comité, mencionó la importancia de implementar medidas urgentes para atender las demandas de la violación de los derechos de las alumnas dentro de las aulas, así como asuntos de perspectiva de género.
Pese a estos buenos deseos de las autoridades universitarias; Julia y Mariana aún esperan justicia ante los profesores que las acosaron dentro de la universidad.