Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)
22 de febrero 2017.- Dar más poder a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública sólo traerá como consecuencia un aumento de la violencia, la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos.
Esa es una de las conclusiones presentadas en la investigación "Seguridad Interior: elementos para el debate", elaborada por un grupo de investigadores pertenecientes al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
De acuerdo con la investigación, diez años después de haber sacado al Ejército a las calles, no existen diagnósticos oficiales que le permitan a a sociedad evaluar las situaciones de violencia que se viven en el país.
Lo que sí se puede asegurar con los pocos datos que se tienen es que el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos de carácter permanente no fue consecuencia (como aseguró la versión oficial) de una crisis de seguridad o una ola de violencia, pues en 2006 cuando Felipe Calderón ordenó la salida de los militares de sus cuarteles, el país vivía uno de los periodos con menos hechos de violencia y homicidios dolosos en la historia reciente.
Homicidios en México en la historia reciente.
Tras la puesta en marcha de la “guerra contra el narcotráfico” y el uso del Ejército en los operativos, las muertes violentas se incrementaron de forma drástica, al igual que las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de personas, el desplazamiento de comunidades, la tortura y las detenciones ilegales.
“La estrategia de desplegar operativos permanentes, sin objetivos precisos y plazos acotados, no redujo la violencia existente en el país (…) fue esta estrategia la que detonó una posterior ‘ola de violencia’, originada precisamente en las entidades donde se desplegaron los primeros operativos con las Fuerzas Armadas en diciembre de 2006” según se lee en el estudio.
Quejas por violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad pública.
Los académicos señalan de manera muy clara que ninguna de las iniciativas presentadas para crear una Ley de Seguridad Interior resuelve la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos, al contrario, “parecen expandir sus facultades en temas de seguridad pública y estado de excepción”.
Además, su ambigüedad en la descripción de afectaciones y amenazas a la seguridad interior darían lugar a un amplio margen de discrecionalidad, una contradicción en la cultura de rendición de cuentas que debería existir en un orden democrático constitucional.
En lugar de crear una Ley de Seguridad Interior, los expertos recomiendan a los legisladores abrir la discusión para plantear alternativas que permitan aminorar los niveles de violencia y criminalidad.
Enrique Peña Nieto junto al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el titular de la Marina, Francisco Vidal Soberón. Foto: Especial
Exponen como dos de las salidas el retiro gradual y permanente de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y una nueva regulación del mercado de las drogas, despenalizando el auto-cultivo de la mariguana y su posesión para el consumo personal.
“Una reforma regulatoria del mercado de drogas permitiría, entre otros beneficios, redirigir las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad en México en contra de los delitos que mayores daños causan a nuestra sociedad, tales como homicidio, feminicidio, secuestro, tráfico de armas, trata de personas y asaltos en casa-habitación”.
Los académicos observan que como sucedió en 2006, los legisladores tienen dos opciones: mejorar su sistema de justicia o darle más facultades a las autoridades militares en el país.
Peña Nieto acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Foto: Especial
Si eligen la primera opción, se le daría mayor poder a los jueces locales y federales para que puedan controlar la actuación de las policías, los ministerios públicos y proteger los derechos humanos de la población.
Aunque esta decisión no cambiará la situación de la violencia de un día para otro, a largo plazo podría “aminorar la impunidad, disminuir los delitos más violentos, reducir la frecuencia y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, e incluso ayudar a resolver conflictos sociales agudos”.
En caso contrario, escoger el segundo camino aumentando el poder de las Fuerzas Armadas, daría “sustento legal a acciones que, de facto, ya suceden todos los días en el territorio nacional”.
“Esta opción mantendría los problemas que ahora nos aquejan: elevados niveles de violencia e impunidad; falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; poca o nula información para la toma de decisiones; violaciones graves a los derechos humanos”.
