Por: Carlos Servín Ugarte (@ServinUgarte)
25 de abril 2017.- Resulta ser que al parecer hay intereses oscuros en el pasado incendio del cerro del Tepopote y el alcalde Pablo Lemus ya movilizó todo el aparato jurídico para evitar que en un futuro próximo el área sea fraccionada. El proceso es lento e implica consultas públicas y maniobras jurídicas para evitar que un fraccionador o los otros dueños se les ocurra construir.
La ciudad de Zapopan y otros municipios de la zona urbana son presa de presiones territoriales por los fraccionadores que ven en la vivienda un gran negocio. Los transeúntes notamos a diario la construcción de edificios y residenciales que en muchos casos se hacen de forma irregular, con alguna suspensión del Tribunal Administrativo del Estado o con un amparo.
Los equipos jurídicos de todos los ayuntamientos hacen lo que pueden para contener los embates de los ricos fraccionadores y los magistrados del Tribunal Administrativo que en muchas ocasiones han resuelto de manera favorable a los desarrolladores. De hecho el punto más débil de cualquier legislación Estatal o municipal no se encuentra en la aplicación por los ayuntamientos o el Gobierno del Estado.
Hemos visto entusiastas a alcaldes y al Gobernador demoliendo construcciones y retomando posesión de terrenos como Colomos III para que luego sus esfuerzos sean echados abajo por una resolución del Poder Judicial.
Hace algunos meses Zapopan presento su estrategia territorial para la prosperidad urbana Zapopan 2030, la cual contiene un estudio integral de los principales problemas del municipio. Es un documento bien elaborado, trabajado, con respaldo científico de lo que el municipio tiene que hacer y da cuenta de algunos de los problemas más urgentes.
Algunos de esos problemas son resultado del crecimiento desproporcionado en algunas zonas, la invasión de reservas territoriales y otros. ¿Cuántos de dichos problemas han pasado por los juzgados de distrito o por el tribunal administrativo? Pienso que puede ser un número interesante.
En este punto los abogados deben estar pensando que los desarrolladores hicieron valer su derecho a la propiedad sobre una serie de estipulaciones municipales probablemente mal fundadas y motivadas, y tal vez sea cierto. Pero lo que los abogados, los Jueces y Magistrados a veces dejan de tomar en cuenta es el valor de los servicios ambientales que los bosques, áreas protegidas e inclusive las reservas territoriales nos brindan.
Apuesto a que en muy pocos de estos asuntos el magistrado hizo una valoración real del precio que nos cobrará el medio ambiente por no hacer lo suficiente para su protección. Claro que nos es una cuestión esotérica ni de falta de ganas, toda causa tiene un efecto.
Las facultades de derecho enfocan sus baterías en por lo menos 5 cursos de derecho civil, donde la importancia de la propiedad privada es dogma casi de fe. Habría que leer un poco mejor la constitución que nos dice que toda propiedad es derivada del Estado.
¿Qué opciones tienen los alcaldes y gobernador para combatir la devastación que nos ofrece lindos y costosos departamentos y casitas al por mayor, donde la gente se quiere sentir exclusiva? Algunas de estas opciones provienen del activismo y de otras ramas de la administración pública.
Se me ocurre por ejemplo que los municipios además de una demanda, como hizo Pablo Lemus, presenten una denuncia penal con apoyo de la Profepa -que en realidad hace muy poco-. Publiciten en espacios públicos, espectaculares e internet quienes son los desarrolladores que a través de amparos, corrupción u otras artimañas políticas se han hecho de terrenitos para urbanizar o los han urbanizado con argucias legales.
No digo que presenten listados o letreros espectaculares difamatorios, pero si datos, que empresa con qué juicio logro tal cosa y dejemos que el mercado o sea la gente decida si quiere comprarle la casita al truculento desarrollador. Donde el derecho no alcance, que sea el mercado y la información quienes ayuden a regular este problema.
