6 de julio de 2017.- Ciudad de México/Desinformémonos.- En su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su asamblea 163 realizada el 6 de julio en Lima, Perú, el gobierno mexicano, a través del fiscal del caso Ayotzinapa, confirmó el uso de tres chips y nueve aparatos celulares pertenecientes a los normalistas desaparecidos en fechas posteriores a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
En la asamblea comparecieron Cristina Bautista y Mario González por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, los abogados del caso, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Por el gobierno mexicano estuvieron presentes el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el fiscal del caso por parte de la PGR, Alfredo Higuera y Sergio Rochín de atención a víctimas.
Alfredo Higuera, precisó información respecto al punto de la telefonía celular: “En este tema, el GIEI habló de 19 números relacionados con los jóvenes normalistas. En la investigación se ha determinado que son 32 los números relacionados con los jóvenes desaparecidos y agregaríamos el de Julio César Mondragón Fontes”.
“Se encontró que 10 de los números telefónicos de los estudiantes tuvieron como ultima conexión la antena llamada Margaritas, que está próxima a uno de los escenarios de los hechos, el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Tenemos los nombres de los jóvenes a quienes pertenecían estos números por lo que podemos deducir que fueron privados de su libertad en ese lugar” añadió.
Hay otros diez números de estudiantes que estuvieron moviéndose en la ciudad de Iguala y que no se ha podido determinar en qué lugares precisos estuvieron. Otros diez números ligados a los jóvenes no registraron conexión con las antenas de Iguala. Esto no significa que no estuvieron ahí, solo que no utilizaron los celulares.
“Se pudo confirmar el uso posterior de los chips o aparatos identificados por el imei, lo que fue un punto destacado por el GIEI: tres de los chips fueron utilizados posteriormente y de los aparatos fueron nueve los que siguieron en uso. Tenemos identificado todo ello” concluyó el fiscal.
Mario González subrayó que gracias al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes supieron que 17 celulares de sus hijos estuvieron activos después de la noche del 26 de septiembre, durante varios días. “Sin embargo, no sabemos qué ha pasado con la investigación porque el gobierno mexicano no usa la tecnología que tiene para saber qué pasó con esos celulares, sino que la utiliza para espiar a don Mario y a nuestros abogados”.
El abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisó acerca de las reuniones que lograron con el Gobierno federal a partir del plantón que realizaron frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y acerca del “cronograma” que este les planteó para dar respuesta a cuatro puntos fundamentales de la investigación: la participación del Ejército mexicano y de la policía de Huitzuco a través de su comandante y varios elementos, la investigación de la telefonía celular y el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago.
En su compromiso, explicó Rosales a los relatores de la CIDH, el gobierno mexicano extiende el tiempo hasta octubre de este año, “para nosotros es demasiado, después de casi tres años sin ninguna respuesta” por eso los padres pusieron como fecha límite la segunda semana de agosto para tener respuestas.
El subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, reiteró que “Ayotzinapa es un caso prioritario para el Estado mexicano y que todas las líneas de investigación están abiertas”.
Previamente, Mario González mencionó en la audiencia: “Venimos desesperados, porque a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, nosotros y nuestros abogados, los esfuerzos del mecanismo de seguimiento, al día de hoy no tenemos nada cierto con relación a nuestros hijos”.
"La última vez que nos reunimos con el gobierno mexicano, nos decía que no tenemos la disposición para aceptar la verdad, la verdad que a ellos conviene. Nosotros respondimos que estamos con la verdad, pero con la verdad científica”.
