Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)
A Miguel Monroy Gerardo, un ejidatario y líder de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, lo metieron preso. La madrugada del 16 de diciembre de 2015, policías investigadores de la Fiscalía General de Jalisco entraron a su casa, lo detuvieron y desde entonces está privado de su libertad.
Junto con él, los policías se llevaron detenida a Marciana de los Santos López, integrante de la comunidad ejidal de Ayotitlán. Los uniformados estatales llevaban preparadas órdenes de aprehensión para otros 20 líderes indígenas que encabezan una lucha contra el despojo de sus recursos naturales por parte de las empresas mineras y los grupos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, no lograron cumplir con sus arrestos debido al protocolo de protección que han seguido las comunidades ante la presencia de gente armada, pues cada vez que ven a alguien con estas características, se lanza una especie de alarma para que las personas se resguarden. Sobretodo, esto ocurre por la constante incursión de grupos paramilitares que protegen la minería ilegal, llevándose a la gente, amenazándola.
Comité ejidal en la comunidad nahua de Ayotitlan Jalisco. Foto: César Huerta
A los 22 líderes indígenas, los acusaron del delito del despojo agravado, por tomar posesión de un predio dentro de la comunidad indígena de Ayotitlán de La Huaca, pegada a la Loma Colorada, que fue adquirido ilegalmente en 2011 por Vicente Balcazar, un hombre considerado por los comuneros indígenas como un invasor.
El conflicto se generó cuando los comuneros recuperaron una parcela y conminaron a Vicente Balcazar a abandonarla de manera pacífica, amparados por la decisión de la Asamblea de Ejidatarios, (el máximo órgano de decisión de los ejidos) que determinó que la compra-venta de los terrenos fue ilegal, pues ésta acción no está permitida en la comunidad ya que los ejidatarios sólo ostentan un certificado que ampara sus derechos agrarios, no la titularidad de la posesión de una parcela.
Con esta acción, el invasor se sintió defraudado y ofendido por lo que quiso recuperar el predio de manera violenta y generó un enfrentamiento con los indígenas nahuas. Inclusive, según refiere el abogado del Consejo de Mayores de Ayotitlán, Jaime Hernández Lamas, el agente del Ministerio Público, adscrito en el municipio de Cuautitlán de García Barragán en 2012, lo conminó a desistir de sus ataques contra las comunidades porque no lo asistía el derecho.
No obstante, Balcazar insistió con la denuncia penal contra los indígenas nahuas y “aceitó la maquinaría judicial” hasta que el juez mixto de primera instancia del municipio de Cihuatlán,David Axel Ruvalcaba, tras la apelación de la primera sala del Tribunal de Justicia del Estado, ordenó las 22 órdenes de aprehensión contra los líderes indígenas.
Para Jaime Hernández, abogado de los dos líderes indígenas detenidos, las detenciones son ilegales y violan los derechos humanos, pues este asunto se tiene que resolver en los tribunales agrarios y no mediante la vía penal. Además, el litigante refiere que antes no se hizo ningún tipo de notificación sobre el proceso y la incursión de los elementos de la Fiscalía General de Jalisco fue violatoria a lo que establecen los protocolos de actuación, pues entraron con patrullas sin códigos, uniformes e identificación, como usualmente se mueven por la sierra los grupos paramilitares.
“Lo están señalando de un delito que no se configura, el que los está acusando ni es ejidatario, ni es comunero, ni es indígena de la comunidad, es alguien que llegó con la pretensión de despojarlos”.
El ejido de Ayotitlán. Foto: César Octavio Huerta
El abogado acusa a las autoridades de incomunicar a los detenidos, pues tanto la Agencia del Ministerio Público en Cuautitlán como en Cihuatlán, negaron la detención e inclusive dijeron que había sido un operativo sin personas detenidas.
“No siguieron el protocolo de impartición de justicia en materia de derechos indígenas, pisotearon sus derechos. A mí lo que me da mucho coraje es que ya sujetos a proceso, tienes que esperar y no los puedo sacar porque tiene que transcurrir el término hasta que el juez dicte lo correspondiente y nosotros podamos recurrirlo”.
Detrás de las detenciones existe una simulación, según refiere el defensor pues “aparentan que se sigue un proceso legal. Hay un señor que tiene algún derecho, fue y denunció y por eso detuvieron a Miguel. Pero no, la ley está siendo utilizada (…) Las instituciones de procuración de justicia están al servicio de una persona a la que no le asiste ni la razón ni el derecho”.
Paradójicamente, después de que elementos de la Fiscalía General de Jalisco detuvieran a dos líderes indígenas por un presunto despojo de tierras, el fiscal General de Jalisco,Eduardo Almaguer Ramírez, reconoció que este hecho pudo haber sido utilizado por sus propios agentes para intimidar a los líderes sociales, por lo que ordenó una “revisión administrativa” de los hechos.
“A mí me queda muy claro que muchas de estas acciones son para intimidar a los líderes sociales y más cuando alguien emite 22 órdenes de aprehensión” señaló el titular de la FGJ en diciembre del año pasado.
El fiscal General del Estado de Jalisco Eduardo Almaguer Ramírez. Foto: Arturo Campos Cedillo/Proyecto Diez
El fiscal negó que la dependencia a su cargo fuera la encargada de girar las órdenes de aprehensión y señaló que al enterarse de la situación, ordenó que no se llevaran a cabo las 20 órdenes de aprehensión restantes contra los demás líderes indígenas.
Almaguer Ramírez dijo que se molestó cuando se enteró de esta detención realizada por sus propios agentes, pues “se trata de hacer justicia y no prestarse a los intereses de los particulares”. Además, prometió que la Fiscalía no volvería a ser utilizada para que los litigios de tierras se resuelvan a través de la vía penal y la utilización de la justicia para presionar a los líderes sociales.
“Estos líderes sociales, que no están exentos de la aplicación de la ley, son gente humilde que lucha a diario por preservar sus tierras, su lugar dónde vivir, que ha costado mucho trabajo lograr esa preservación. Han tenido en ese potencial natural, han tenido presiones fuertes de empresas poderosas, no voy a permitir que la Fiscalía se preste a esas actuaciones”.
Aún así, Miguel Monroy y Marciana de los Santos López continúan detenidos.
Celedonio Monroy Gerardo. Foto: Especial
Desaparición de Celedonio, vinculada al invasor
La detención de los ejidatarios indígenas es sólo una variante dentro de las intimidaciones que sufre la comunidad por parte de los invasores. Basta con oponerse a la destrucción de un lugar natural o a la actividad de las mineras en la región para convertirse en un blanco de grupos paramilitares que operan con el fin de proteger estos negocios, en su mayoría ilícitos.
Celedonio Monroy Prudencio, es uno de estos casos. Desapareció la noche del 23 de octubre de 2012, después de que un grupo de hombres armados vestidos con uniformes militares y pasamontañas, irrumpieran en su domicilio, golpearan brutalmente a su mujer y se lo llevaran con rumbo desconocido a bordo de dos camionetas.
Desde entonces, nada se ha sabido de su paradero. Monroy Prudencio, es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas del ejido Ayotitlán. Desde su adolescencia, se dedicó a luchar contra el saqueo ilegal de madera en los bosques de la región y participó en movimientos contra la extracción de minerales dentro del territorio indígena.
Con el esfuerzo de sus padres, se graduó como licenciado en administración pública en la Universidad de Colima y regresó a su comunidad. Aunque no consiguió empleo, laboró como albañil hasta que en 2009 fue nombrado director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Cuautitlán. Con ese cargo, se involucró en las luchas de los pueblos de la región, la promoción de la Ley Estatal Indígena y la defensa de los derechos humanos y el ambiente en la Reserva de la Biósfera de Manantlán.
Esposa del líder indígena nahua, Celedonio Monroy Prudencio. Foto de portada: Mónica González / Geografía del Dolor
Sus familiares lo buscaron en cárceles y hospitales pero no lo encontraron. Después, acudieron a la extinta Procuraduría de Jalisco y Colima, las comisiones de derechos humanos en ambos estados, al Ayuntamiento de Cuautitlán, al Ejército, con los diputados. Aún así las investigaciones no avanzaron y hasta la fecha Celedonio Monroy continúa desaparecido.
A 3 años de este hecho, Jaime Hernández, el abogado de los ejidatarios, considera que las autoridades omitieron una línea de investigación muy importante dentro de la cadena de agresiones en Ayotitlán: los invasores.
“Este asunto del invasor fue anterior a la desaparición de Celedonio Monroy y este señor ha amenazado de muerte a las señoras que integran la cooperativa, a Artemio, a Daniel Ramos, gentes de La Huaca (…) Este señor invasor con el apoyo de la ley tiene a Miguel en el bote, se ríe de ellos y aparte los amenaza de muerte. Aquí tenemos a la autoridad trabajando de cabeza, no puede seguir pasando esto”.
Pero las autoridades no cuestionan ni actúan contra los invasores. Por el contrario, usan la ley en contra de los dueños originales de la tierra.
Ayotitlan. Foto: Arturo Campos Cedillo/Proyecto Diez
¿Por qué Ayotitlán?
Ayotitlán es un ejido en la Sierra de Manantlán donde viven comunidades nahuas del sur de Jalisco, poseedoras de un territorio con una vasta riqueza en metales preciosos y recursos forestales. En especial, las entrañas de este lugar contienen entre 250 y 300 millones de toneladas de hierro, un tesoro que disparó la ambición de unos cuántos que con tal de quedarse con todo, han hecho hasta lo imposible por despojar a los indígenas nahuas, arrebatándoles sus tierras.
Todo inició en los años sesenta, cuando el gobierno mexicano comenzó la explotación de hierro en tierras de los indígenas a través del consorcio Benito Juárez Peña Colorada, el cual comenzó a operar en 1975 con una capacidad de producción de 8.5 millones de toneladas de mineral de hierro triturado por año, de acuerdo con el sitio MéxicoInfomine.
Peña Colorada es una mina que trabaja a cielo abierto, destruye los cerros y contamina miles de metros cúbicos de agua que utiliza para transportar el material a lo largo de 46 kilómetros hasta llegar al Puerto de Manzanillo, lugar desde dónde es exportado al extranjero, de acuerdo con una investigación especial de Esperanza Salazar Zenil, publicada en La Jornada del Campo.
En 1992, la empresa paraestatal Peña Colorada fue privatizada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y pasó a manos de un grupo industrial regiomontano que terminó asociándose con las transnacionales ítalo-argentinas Ternium y Arcelor Mittal. Desde entonces, la minera obtiene ganancias anuales hasta de mil 500 millones de dólares.
Lakshmi Mittal, uno de los hombres más ricos del mundo y principal accionista de Peña Colorada. Foto: Internet
Uno de los principales accionistas de la minera Peña Colorada es Lakshmi Mittal. Este hombre de 65 años nacido en la India, es un multimillonario industrial que figura en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes, con una fortuna calculada en 10.8 billones de dólares.
En contraste, los indígenas nahuas que habitan la Sierra de Manantlán, viven con altos índices de pobreza y marginación, enfrentan escasez de agua, proliferación de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
Especialmente, un sector vulnerable de estos problemas son los niños. En 2008 un diagnóstico realizado en la comunidad, reveló que casi la mitad de los niños presentaban signos de desnutrición.
Una pequeña niña, habitante de una de las comunidades nahuas enclavadas en la Sierra de Manantlán. Foto: César Octavio Huerta
Cuautitlán de García Barragán, el municipio donde se encuentra el área más importante de las comunidades nahuas, ocupa el tercer lugar con más habitantes en situación de pobreza general en el estado de Jalisco, con un porcentaje de 85.7 por ciento y el segundo lugar con más personas en pobreza extrema, con el 26.1 por ciento de su población, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En 2008, tras la crisis financiera internacional, los precios del hierro se fueron por los cielos lo que dio pie al comienzo de “la fiebre del hierro” en Ayotitlán, un fenómeno denominado así por la periodista Alejandra Guillén. Ella, documentó la manera en que las empresas transnacionales, buscando el lugar perfecto para explotar las profundidades de la tierra con los mínimos costos y requerimientos legales, se encontraron con esta región de Jalisco, agudizando los conflictos y ataques a los comuneros.
Una problemática que llegó a su climax en 2010 y 2011, cuando se detectó la presencia de grupos del crimen organizado como el cártel de La Familia, quienes extrajeron y exportaron a China (uno de los casos documentados tras la detención de tres de sus integrantes) un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal con un valor de 42 millones de dólares.
Sin embargo este es sólo uno de los frentes. El otro de ellos está conformado por taladores clandestinos que amenazan con desaparecer la Sierra de Manantlán, reserva de la biosfera desde 1987 y el lugar donde se descubrió en 1977 el maíz silvestre conocido como perenne.
Para Jaime Hernández, abogado de la comunidad nahua, lo que se vive en esta región de Jalisco abandonada a propósito por las autoridades, son procesos sucios y agresivos del capital, de la acumulación por despojo.
“Saben que las tierras de esta comunidad son muy ricas tanto en minerales como en recursos hídricos, en su biodiversidad, tienen una riqueza incalculable, inmensa. Y están buscando por todas las vías posibles, quitárselas, inclusive por vías que no son legales. Son acciones encaminadas a despojar a los indígenas de su territorio, sus recursos y riqueza”.
Mapa de la Sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco.
