Por: Roberto Castelán Rueda (@CastelanRob)
19 de septiembre 2016.- Me equivoqué. Pedir públicamente la renuncia de un funcionario por participar en la marcha convocada por la iglesia católica bajo el seudónimo de Frente Nacional por la Familia, es un error. Un ciudadano no deja de serlo, ni renuncia a sus derechos políticos como tal, por el simple hecho de ocupar un cargo público y manifestar públicamente sus ideas, aunque estas pudieran contradecir, en principio, el perfil y las funciones para las que fue contratado.
Y eso, sin justificarlo, explica en parte mi error. No lo justifica, lo explica.
La Coordinación de Construcción de Comunidad, de la cual es coordinador el funcionario aludido, es de nueva creación y entre sus principales propósitos destaca la “reconstrucción del tejido social”. Tanto el nombre de la coordinación como su función principal enuncian acciones muy concretas: construir y recomponer: construir comunidad por medio de la recomposición del tejido social. El propósito del actual presidente municipal al crear esta coordinación es loable y muy necesario en las circunstancias por las que atraviesa el país.
El problema, en donde todo se complica reside en el cómo: cuáles mecanismos se van a emplear para “construir comunidad” y cuáles serán los instrumentos empleados para “recomponer el tejido social”.
Todos podemos observar el deterioro de las comunidades, de los espacios mas cercanos de convivencia social, aquellos en donde los ciudadanos establecen relaciones y estrechan vínculos basados en lazos de solidaridad, antiguos y modernos, medidos en términos de calidad de vida. La desconfianza permeó la vida comunitaria, la violencia cotidiana convirtió los espacios comunes en campos de batalla penetrando hasta el interior de la vida familiar: familias desintegradas por la violencia, violencia y abandono infantil, drogadicción infantil y juvenil, rechazo y exclusión a formas de vida consideradas como peligrosas para la comunidad o “extrañas” a la misma, ruptura de antiguas formas de solidaridad, crecimiento de medidas extremas de seguridad las cuales aíslan cada vez mas a los ciudadanos: cotos, videocámaras, enrejados, carteles amenazantes y persecución al extraño.
La violencia y la violencia contra la violencia, se instalaron como parte habitual de la vida cotidiana. Lo normal es estar intranquilo, saberse amenazado y desarrollar una desconfianza extrema al “otro”.
Enrique Alfaro durante su campaña a la alcaldía de Guadalajara. Foto: Enrique Alfaro/Flickr
Desde su campaña, el actual presidente municipal de Guadalajara detectó a la descomposición social como una de las principales problemáticas a resolver, si no la principal, para que Guadalajara pasara de ser una ciudad agresiva y desconfiada hasta para sus propios habitantes a convertirse en un espacio de convivencia solidaria con equidad y justicia, requisitos básicos para cualquier desarrollo económico en un sistema democrático, en el entendido que las dictaduras no necesitan de los vínculos entre ciudadanos para gobernar. Una democracia sí. Si no, no existe.
Sin embargo, una vez instalado en la presidencia municipal, Enrique Alfaro nombra como coordinador de la Coordinación de Comunidad a una persona sin el perfil adecuado para el cargo y sin la experiencia tal vez requerida. El nombramiento recayó en un empresario, viejo amigo del presidente municipal, quien le había apoyado con recursos económicos en sus distintas campañas políticas.
Desde mi muy personal punto de vista, el error consistió en nombrar a un amigo, a un benefactor a quien con seguridad le debía favores, recurriendo a la vieja práctica empleada por todos los partidos políticos: la asignación de puestos públicos por la cercanía con la persona sin considerar el perfil de la misma.
Cambio de perspectiva: la persona actualmente en funciones de Coordinador de Construcción de Comunidad sí tiene el perfil apropiado para el cargo. La confusión obedece a que el uso del término “reconstruir el tejido social” se asocia de forma automática a aquellos movimientos ajenos a las funciones de gobierno, frecuentemente enfrentados a gobiernos y que trabajan desde el reconocimiento de las víctimas como premisas para la reconstrucción del tejido social.
El tejido social está roto por agresiones sistemáticas desde dentro y fuera de los gobiernos. Estas agresiones producen víctimas de todo tipo y al no atendérseles, las víctimas son re-victimizadas tanto por el gobierno al invisibilizarlas, como por la sociedad al no reconocerlas como tales. Por eso, la recomposición del tejido social, pasa necesariamente por la atención a las víctimas y por el cambio de perspectiva de los victimarios.
No estamos hablando del victimario que asesina a su víctima, cuya rehabilitación pasa por los centros penitenciarios establecidos con ese fin, sino de aquellos ciudadanos, pacíficos, pero cuyas actitudes o su propia pasividad, revictimizan a quienes sufren de una agresión, de tipo criminal o de alguna forma de exclusión.
Normalmente los excluidos no se ven. Su exclusión parece un mecanismo normal de “acomodo” social. Al ser invisibilizados, se atropellan sus derechos y son revictimizados en una espiral sin fin.
Y este es precisamente el punto del conflicto: el actual coordinador de Construcción de Comunidad del Ayuntamiento de Guadalajara, no comparte este punto de vista, o no contempla este mecanismo como el punto de partida para sus planes de gobierno.
Bernardo Fernandez Labastida, en la presentación del Gabinete del Gobierno Municipal de Guadalajara. Foto: Enrique Alfaro/Flickr
Él proviene de un grupo empresarial tradicionalmente ligado a la iglesia católica, cuya expresión política, hasta hace poco, la encontraron en el Partido Acción Nacional, llegando incluso, en el sexenio pasado, a entregarle el control del gobierno al Cardenal Juan Sandoval, quien gracias al alcoholismo y los repetidos errores del gobernador González Márquez, no pudo afianzarse, como era su deseo, con el control del estado.
Estos errores llevaron al PAN a una de sus peores derrotas electorales y varios de sus afiliados, empresarios y personas relacionadas con el clero católico, vieron la oportunidad de mantener vigente su expresión política ahora cobijados bajo las siglas del Partido Movimiento Ciudadano, un partido emergente, bajo la férrea conducción de un solo hombre quien a su vez, también vio la posibilidad de fortalecerse con la incorporación a las filas de su partido de este importante grupo de poder fáctico.
La pertenencia ideológica del funcionario ahora encargado de la construcción de comunidad a ese grupo de poder político, expresada a través de su participación y respaldo en la marcha organizada por la iglesia para limitar derechos a los homosexuales y otros grupos minoritarios, lo pone en abierta oposición a las acciones realizadas por los grupos identificados hasta ahora con la “reconstrucción del tejido social” por una sencilla razón: la reconstrucción del tejido social no puede partir de la exclusión de grupos tradicionalmente vulnerables, como las familias monoparentales, las madres solteras, los transgéneros y demás grupos de la diversidad sexual, así como los consumidores de drogas, los migrantes, los criminales que pagaron su condena y buscan reinsertarse en la sociedad, entre otros grupos vulnerables, victimizadas y re-victimizados.
Marcha en contra del matrimonio igualitario. Foto: Facebook del Frente Nacional por la Familia, Capitulo Jalisco.
Al pertenecer a un grupo específico de poder alentado desde el arzobispado, la visión del empresario responsable de construir comunidad en el ayuntamiento de Guadalajara, entiende esta función desde la perspectiva del ala más radical de la llamada “doctrina social de la iglesia”, es decir, el altruismo manifestado en la solidaridad cristiana. La atención al débil como una obligación de un buen cristiano y no como parte de una política específica de gobierno.
Lógicamente cuando hablamos de función pública, hablamos de presupuestos, de dinero público, proveniente de todos los contribuyentes, destinado a esas funciones específicas. Por ello, no es aceptable que los criterios de asignación de recursos públicos se orienten por criterios establecidos desde la iglesia.
Un político no es un buen samaritano. Un funcionario público no realiza actos de caridad. El altruismo no es parte de la política de un gobierno democrático. Las buenas acciones son elementos de reconciliación y perdón para las buenas conciencias. Los funcionarios públicos deben actuar desde la lógica de la responsabilidad para con los ciudadanos a través del diseño de políticas públicas incluyentes, ajenas al sesgo de la mirada clerical.
Podemos ejemplificar lo anterior si pensamos en cómo se actuaría de acuerdo a una u otra postura, en el caso de las personas transgénero. La visión clerical los consideraría, si esta no ha cambiado en las últimas veinticuatro horas, como personas desviadas de un orden natural, divino, a quienes hay que ayudar, atender y tratar de sacarlas de su error. Por supuesto, esta visión siempre les va a negar el derecho a contraer matrimonio –si no ¿cuál fue el motivo de la marcha?- y difícilmente va a destinar recursos para construir clínicas especializadas, centros de atención para la vejez de los transgénero, la cual no solo es dolorosa, sino que requiere de cuidados especiales, y centros de atención, acompañamiento y seguimiento durante su conversión. Ese dinero debe ser invertido en los niños huérfanos, dirán, aunque no lo inviertan en ellos, sin duda lo van a decir. Para esta visión, los problemas de las distintas minorías seguirán, como parte de sus políticas clericales convertidas en políticas públicas, invisibilizados.
Bernardo Fernández y Enrique Alfaro. Foto: Gobierno de Guadalajara
Obviamente, la otra visión es la ya conocida y que choca con la anterior: todos los ciudadanos son iguales en derechos y por tanto, con independencia de sus preferencias sexuales o su pertenencia a cualquier minoría sexual, étnica o religiosa, estos deben ser respetados y sus necesidades específicas deberán ser atendidas desde el gobierno. Quien construya comunidad desde esta visión y desde la función pública, está obligado a buscar las mejores formas de integración para quienes son excluidos en sus mismas comunidades. Por ejemplo, solo como un ejemplo entre muchos otros, deberán promover pláticas en las colonias, barrios, vecindades, entre los ciudadanos y parejas homoparentales para que aquellos vecinos ignorantes, mal informados o escépticos, puedan mantener un diálogo abierto y constaten que un ser humano es un ser humano, con independencia de su orientación, con los mismos problemas, angustias y dudas que quien lo cuestiona.
Mi convicción de que las políticas públicas no deben ser dictadas desde los grupos de poder fáctico, en este caso un tipo de empresarios y un tipo de iglesia católica, y de que las políticas encaminadas a recomponer el muy deteriorado tejido social, no deben partir de la exclusión ni ser orientadas por el altruismo o por la caridad, me llevó a equivocarme: expresar sus ideas no es motivo de cese para ningún funcionario, al menos que desde un principio prometiera construir comunidad desde una visión incluyente cuando en realidad, su función principal fuera promover la exclusión. Y el odio.
