Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio) y Sergio Hernández Márquez (@sergio2hm)
Realizar actividades que no le corresponden como institución educativa le acarreó un serio problema a la Universidad de Guadalajara.
La empresa inmobiliaria Uniterra, creada por la UdeG para hacer fraccionamientos, obra pública y consultorías, mintió al IMSS con tal de lograr un contrato en Baja California para realizar el proyecto ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios Sustentable.
Al no tener capacidad, Uniterra subcontrató, lo que estaba prohibido así que el IMSS al darse cuenta inició un procedimiento que terminó en la Secretaría de la Función Pública (SFP) la cual determinó que durante un año no podrá recibir contratos donde se involucren recursos federales .
"Deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha institución educativa, de maneradirecta o por interpósita persona, por el plazo de 1 año", señala la sanción.
Y no sólo eso, también deberá pagar una multa de 373 mil 980 pesos impuesta por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los castigos harán que la UdeG pierda hasta mil contratos relacionados con obras, servicios, consultorías, estudios e investigaciones, que es el promedio de los que realiza cada año.
La Inmobiliaria Uniterra forma parte del Corporativo de Empresas Universitarias, cuyo Consejo de Administración es presidido por Raúl Padilla López, y al cual se le asignó este año un presupuesto de 538 millones 783 mil pesos.
A este Corporativo pertenecen el Club Deportivo UdeG, la Editorial Universitaria, la Empresa Desarrolladora de Software y de Negocios, la Empresa Servicios Universitarios, la Feria Internacional del Libro, el Hotel Villa Montecarlo, el Hotel Villa Primavera, la Operadora Universitaria de Energía, Auditorio Metropolitano, la Operadora Centro Cultural Universitario, la Operadora de Estacionamientos, la Operadora Parque Industrial Belenes y el Sistema Corporativo Proulex.
Raúl Padilla Lopez. Foto: Especial
El engaño
De acuerdo con el contrato 2-12030001-5-42427 firmado el 27 de noviembre de 2012 por la entonces Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Laura Puebla Pérez, y el coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, Reynaldo Guerrero Bernal, la UdeG se comprometió a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios Sustentable, ubicada en el Lote 001, Manzana 8-A, entre la calle Palma Senegal y Palma Capitata, en la colonia Las Palmas en Cabo San Lucas, Baja California Sur,
El proyecto tuvo un costo de con un costo de 5.5 millones de pesos y debió realizarse antes del 23 de marzo de 2013.
Aunque la resolución de la SFP no da detalles sobre la irregularidad que cometió la UdeG, el fondo es que la institución educativa declaró contar con la capacidad técnica, material y humana para ejecutar al menos 51 por ciento de los trabajos.
La Auditoria Superior de la Federación detectó que esta práctica fraudulenta ha sido realizada en años recientes entre las dependencias de Gobierno y distintas universidades públicas del país, quienes celebran contratos aún cuando no cuentan con el personal y los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos a los que se comprometen y terminan subcontratando a empresas privadas para realizarlos.
Sin embargo, esta es la primera vez que una universidad pública es sancionada de esta manera por la SFP.
La inhabilitación comenzará a partir de mañana. No obstante la UdeG todavía puede impugnar la sanción mediante un amparo o un juicio de nulidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que los jueces no pueden suspender las inhabilitaciones mientras se litiga contra ellas, por lo que de seguir esta ruta, la sanción continuará hasta la resolución del juez.
Edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Foto: Especial
"Hay casos más graves", justifica Tonatiuh
Tras anunciar que solicitará la revisión del caso a la Secretaría de la Función Pública, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que hay casos más graves en los que la dependencia federal no actuó de la misma manera.
Bravo Padilla aclaró que no es la primera vez que se sanciona a una universidad pública, pues anteriormente hasta se han girado órdenes de aprehensión.
Indicó también que el proyecto ejecutivo por el que fue sancionada la UdeG fue realizado y se entregó en tiempo y forma, sin quebranto ni daño patrimonial.
"A lo largo de los años la Universidad ha tenido múltiples contratos con los Gobiernos Federal, de diversos estados de la República y municipales, así como con otras dependencias públicas y entidades privadas y sociales, e incluso convenios y contratos de carácter internacional, sin haber incurrido en faltas en el cumplimiento o responsabilidad".
El rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, acompañado por el vicerrector Miguel Ángel Navarro y el secretario General, Alfredo Peña Ramos. Foto: Adriana González/UdeG
El rector reconoció que la Inmobiliaria Universitaria Uniterra (propiedad de la UdeG) cometió una falta administrativa al manifestar que podía llevar a cabo el proyecto y terminó realizando una operación de subcontratación. Por ese motivo, aseguró que analizan el caso para aplicar las sanciones correspondientes.
"Cuando se hace una adjudicación de carácter directo, hay un procedimiento al que está obligada la institución que lo recibe con porcentajes de participación y una serie de elementos, ahí en ese procedimiento específicamente hubo falta administrativa que la Universidad reconoció con el Instituto Mexicano del Seguro Social".
Al final, el rector hizo un llamado a las empresas privadas y las instituciones públicas para darles certeza y tranquilidad de que la UdeG "dará cumplimento responsable" a cada uno de los contratos y proyectos en curso, los cuales dijo, se entregaran con calidad, en tiempo y forma.
"Esta Casa de Estudio da certeza a todas las entidades con las que tiene contrato, y reitera que en todos los casos dará cumplimiento responsable, como siempre ha ocurrido. Somos una institución y una comunidad que trabaja con dedicación y probidad".
