Por: Jorge Covarrubias (@vivalitos)
Sólo iba por su despensa: algunos alimentos y limpiadores domésticos, pero terminó prensada por un carro montacargas en el interior del Sam’s Club de la Calzada Independencia y Periférico Norte. María Luisa escogía un rollo de papel aluminio de uno de los estantes y cuando giró su cuerpo para ir hacia otro pasillo, el vehículo la embistió de lleno.
No tuvo tiempo de hacerse a un lado, su espalda golpeó en los soportes del anaquel, y las piernas le quedaron colgando dentro del carrito de mandado que llevaba.
Su madre, María Guadalupe, le hacía compañía esa tarde del 3 de mayo del 2015 en que salieron de su hogar a hacer algunas compras, y distraerse un rato, pues María Luisa tenía más de un mes sin descansar del trabajo. La señora logró esquivar el armatoste y observó con horror como aplastaba a su hija.
El conductor ni siquiera se percató que había impactado a una persona. Apenas sintió un “roce”, le diría después a sus superiores, quienes lo encerraron en una oficina y le dijeron que esperara ahí, al fin que sólo había sido un susto.
Sin embargo, el 23 de junio del año pasado el Departamento de Medicina Legal y Delitos Sexuales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reveló mediante un dictamen que la vida de María Luisa sí estuvo en riesgo.
Logró sortear a la muerte, pero quedó con secuelas permanentes, propias de una persona discapacitada. Desde entonces cojea al caminar, utiliza una bota ortopédica en el pie derecho, y se desplaza con una sola muleta; también perdió por completo la movilidad de su brazo izquierdo.
María Luisa tiene 39 años de edad, es bajita y de tez morena, algo corpulenta, los ojos negros, los labios delgados, el rostro redondo.
Los médicos que la han visto, señalan que las lesiones desencadenaron en ella la enfermedad de Sudeck, una patología crónica, degenerativa e incapacitante, que se manifiesta por un dolor quemante en las articulaciones afectadas, y que contrae los músculos y tendones hasta llevarlos a la pérdida de sus funciones.
María Luisa, afectada por la empresa Walmart. Foto: Jorge Covarrubias
El Sam’s Club donde la lesionaron pertenece a la trasnacional Walmart, que opera cadenas de grandes almacenes de descuento en más de 28 países. Para comprar en sus bodegas es necesario pagar una membresía que cuesta entre 400 y 500 pesos. En el país opera con la razón social de Nueva Walmart de México S de R.L. de C.V.
Cada cierto tiempo María Luisa acudía a la bodega a comprar provisiones domésticas. Pero ser cliente frecuente de esa cadena de almacenes de nada le ha servido, pues la multinacional se niega a indemnizarla.
Y en su afán de no reparar el daño, cometió una serie de agravios en contra de ella para evitar que el caso se hiciera de conocimiento público. Para empezar le negó la asistencia médica de una ambulancia, pues nunca llegó el vehículo de socorro, aún cuando los ejecutivos de la empresa le aseguraron haber llamado a la Cruz Verde.
La retuvieron aproximadamente una hora, mientras ella se quejaba fuertemente de dolor y de una opresión en el pecho que le impedía respirar bien; le suplicaba a su madre que mejor se fueran a casa, pero la gerencia del súper mercado les negó la salida.
No querían que se hiciera un escándalo entre los clientes, y la sacaron por la puerta de acceso al personal que se encuentra en la parte trasera del almacén.
Afuera la esperaba un taxi —dispuesto para el servicio de los trabajadores de la empresa— que la condujo hacia el Hospital Country 2000. En el nosocomio particular le tomaron placas, la examinaron, le dijeron que no tenía nada y la dieron de alta esa misma tarde.
De ahí en adelante, el camino que la mujer ha seguido para recuperar su salud y obtener justicia ha sido tormentoso. Siempre que visita a un médico el diagnóstico es desalentador: no recobrará la movilidad de sus extremidades, y su salud puede ir en deterioro.
El mismo dictamen que le entregó el IJCF determina que las manifestaciones corporales de la mujer pueden variar y por lo tanto no es posible establecer un monto fijo para su tratamiento.
En el Hospital Country 2000 le sugirieron una sesión de diez terapias de rehabilitación, y los ejecutivos de Walmart se comprometieron a pagarlas. La enviaron a una clínica particular de medicina deportiva que se hace llamar MEDYARTHROS, pero fue un engaño, pues al presentarse en ese lugar le cobraron 600 pesos por la consulta. No le reembolsaron el dinero.
Clínica particular de medicina deportiva MEDYARTHROS. Foto: Especial
Mejor se fue a la clínica del IMSS que le corresponde, pero ahí le dijeron que la rehabilitación de poco o nada puede servirle porque sus lesiones (tal como señala el dictamen del IJCF) son de pronóstico reservado.
Además de los dictámenes del IMSS y el IJCF, María Luisa cuenta con una resolución expedida el 13 de julio del 2016 por el Centro de Rehabilitación Integral del DIF Jalisco, el cual establece que la enfermedad que padece es “permanente e irreversible”.
“De una parte de mi cuerpo me funciona el 80 por ciento y de la otra el 20, es por eso que yo camino como robot. Si abuso de caminar ya no me puedo parar porque me duele mucho mi columna, las piernas no me soportan porque no siento la fuerza y necesito aparatos ortopédicos”, dice.
El año pasado el IMSS le otorgó su pensión por invalidez provisional ya que se ausentaba constantemente de su trabajo. La mujer trabajó durante ocho años como ejecutiva de servicios financieros en una sucursal de la cadena regiomontana de electrodomésticos Famsa. Por las mañanas salía a la calle a buscar nuevos clientes y en la tarde regresaba a la oficina a ordenar los expedientes de esas cuentas.
Al mismo tiempo estudiaba la preparatoria los fines de semana, pues tenía la intención de cursar una carrera técnica en enfermería cuando acabara el bachillerato.
Dice al reportero que llegó a acumular más de 100 días de permisos por incapacidad, y esa situación ya era insoportable para la empresa en la que laboraba. Su jefe inmediato le dijo que era una carga y en ocasiones sus compañeros hacían mofa de su adversidad.
La empresa finalmente le sugirió acudir a su clínica para que tramitara su pensión por invalidez; acto seguido la dio de baja, pero con un recorte sustancial al salario que cotizaba.
De los 282.17 pesos que percibía diariamente, terminó ganando 208 pesos, y eso afectó a su pensión mensual, pues el IMSS sólo le paga el 15 por ciento del último monto.
La mujer se vio obligada a demandar a la institución médica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que le entregue su pensión completa. Dice que actualmente percibe poco más de mil pesos mensuales por ese concepto y tiene que estirarlos para llegar a fin de mes.
Tienda Sams Club donde sucedió el accidente. Foto: Especial
Nadie quería defenderla
Cuando María Luisa buscó ayuda legal para demandar a Walmart se enfrentó a un problema, nadie quería defenderla; en el mejor de los casos le daban largas, pero el apoyo nunca llegaba. Así fue con dos abogados, quienes antes de cumplir una semana se desistieron de ayudarla.
Recuerda en particular a un litigante que le recomendaron en el programa de denuncia social A quien corresponda Jalisco de TV Azteca. Dice que el sujeto —cuyo nombre no recuerda— fue atento y amable, pero después no le recibió ninguna llamada y tampoco la buscó, aunque se comprometió a hacerlo.
Pasaron algunos meses hasta que encontró amparo en José Jonathan Rivera López y Alejandra Caamaño Aguilar, un matrimonio de abogados que lleva su causa a través de la vía penal y civil para obligar a la empresa a resarcir el daño que le ocasionaron.
El matrimonio es la séptima representación de abogados que tiene María Luisa. Tomaron su caso a petición de Jesús Flores, un colega de ellos, con la advertencia de que no les pagaría mucho por la situación precaria en la que se encuentra.
Ella coopera con gastos mínimos como fotocopias y uno que otro trámite, pero el grueso de la inversión es soportada por sus representantes legales.
Cuando comenzaron a armar el expediente de la mujer, lo primero que detectaron es que ni la empresa, ni el Hospital Country 2000 dieron parte del accidente al Ministerio Público, y ese hecho por sí solo es una causal de delito.
“Cualquier médico que reciba a un paciente, llámese de un accidente, de una herida, de cualquier tipo de incidente, tiene que dar aviso al Ministerio Público y el Hospital Country que es donde está el médico que la atendió, no lo hizo, y eso está previsto en el Código Penal de Jalisco”, explica Rivera López.
Hospital Country 2000. Foto: Especial
Siguieron hurgando en los detalles del siniestro, y descubrieron que el conductor del montacargas no recibió capacitación para el manejo del vehículo; si bien la empresa le entregó un manual de conducción, no le enseñaron a maniobrarlo.
El trabajador tampoco implementó las medidas de seguridad adecuadas en el pasillo que operaba. De acuerdo con el manual que le entregaron, tenía que cerrarlo con lonas, pero no lo hizo porque no encontró un sitio para sujetarlas.
Lo anterior consta en la declaración que el empleado otorgó al Ministerio Público el 22 de abril del 2016, casi un año después de haber prensado a María Luisa. Hasta esa fecha, nadie lo había llamado a rendir cuentas.
En esa comparecencia se reveló el nombre del conductor, Carlos Eduardo Rodríguez Pérez, quien además mencionó haber recibido la instrucción de dejar en blanco un formato de siniestros que llenan los trabajadores siempre que ocurre una contingencia.
Rivera López comenta al respecto que Walmart ha intentado desmarcarse de la acción cometida por Rodríguez Pérez, desconociéndolo como su empleado, sin embargo resalta que no ha logrado hacerlo ya que dentro de la averiguación previa consta la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre ambas partes.
Con eso, dice, harán valer la reglamentación del Código Civil para el Estado de Jalisco que obliga a patrones, dueños y encargados de establecimientos, a responder por los daños y perjuicios causados por sus dependientes.
La defensa legal de María Luisa que planeó la pareja de abogados marcha por dos vías; una denuncia penal y una demanda civil. La primera es para exigirle a Walmart la reparación del daño que le provocaron a la mujer, previsto en el Código Penal del Estado de Jalisco y Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con los litigantes con ese procedimiento podrán reforzar la demanda civil en la que hacen un reclamo por daño material y moral, debido a que el anterior sistema de justicia en Jalisco sólo permitía emplazar a la persona física, (a quien cometió el accidente) sin ninguna responsabilidad para la empresa contratante.
Los abogados dicen que no fue sencillo interponer la denuncia penal pues la primera agencia del Ministerio Público a la que acudieron se negaba a emplazar a la compañía en la dirección del almacén donde ocurrió el accidente; alegaba que tenían que presentarse en el domicilio fiscal de la multinacional que se encuentra en la calle de Nextengo número 78, Colonia Santa Cruz Acayucan del Azcapotzalco, Estado de México o bien en la Colonia Nueva Terrazas del Estado de Chihuahua.
María Luisa, afectada por la empresa Walmart. Foto: Jorge Covarrubias
Caamaño Aguilar asegura que se trataba de una artimaña pues no existe impedimento legal para emplazar a la empresa dónde se cometió el ilícito.
“Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que si una empresa tiene sucursales no hay necesidad de viajar a la Ciudad de México, o sea que aquí mismo a cualquier sucursal de Sam’s se le puede emplazar”, dice.
Salir de Guadalajara, precisa la abogada, hubiera dejado totalmente indefensa a María Luisa porque no tiene las condiciones físicas ni los recursos económicos para solventar los gastos de un viaje.
En octubre del año pasado el matrimonio tuvo un acercamiento con los representantes legales de Walmart para escuchar la oferta económica que le harían a María Luisa por el daño que le ocasionaron.
La reunión fue en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) del Estado de Jalisco, pero Walmart condicionó su asistencia a la suspensión de los procedimientos legales que interpusieron en su contra.
Esa reunión tenía como finalidad llegar a un arreglo en forma voluntaria para evitar una confrontación en los tribunales, así que la pareja de abogados aceptó la petición, pero la propuesta económica de Walmart resultó ofensiva.
El representante legal de la cadena de almacenes, Issac Tenoch Pérez Palomino, les ofreció la cantidad de 20 mil pesos para indemnizar a la mujer y concluir con el asunto. Los abogados de María Luisa no aceptaron y el IJA propuso una segunda reunión conciliatoria el 1 de noviembre, pero Pérez Palomino ya no se presentó a esa cita programada a las 15:00 horas.
Caamaño Aguilar y Rivera López consideran que la empresa no tenía la voluntad de finiquitar el asunto de forma pacífica, sino que su objetivo era ganar tiempo para armar su expediente y enfrentar las demandas.
Los abogados comentan que posteriormente Pérez Palomino aumentó su oferta a 60 mil pesos, pero resaltan que esa cantidad es ridícula frente a los gastos que tendrá que asumir la mujer durante el resto de su vida para solventar sus tratamientos y la manutención de su hogar.
Ese pago, aseguran, ni siquiera alcanza para cubrir la mitad de lo que cuesta la cama ortopédica, que por instrucción médica, le han sugerido a la mujer para que trate de descansar un poco.
Además de la indemnización, Caamaño Aguilar y Rivera López le exigen a Walmart que retire de sus almacenes el emblema de “Empresa Socialmente Responsable” (ESR) en vista de todos los acontecimientos que ocurrieron durante y después del accidente.
Walmart presume en sus campañas ser una empresa socialmente responsable.
Los abogados dicen que están asombrados de la manera tan “mezquina” en que actúan los ejecutivos de Walmart.
Ambos recuerdan que la empresa tuvo para pagar presuntos sobornos a autoridades mexicanas en el 2012 con el objetivo de acelerar su expansión de tiendas en el territorio nacional, y ahora resulta que no tienen para reparar el daño que causaron a María Luisa.
“En un momento le planteamos a María Luisa ¿Tú cuánto quieres por no volver a correr? o ¿Cuánto quisieras por no volver a nadar? ¿No volver a subir las escaleras corriendo?.
O sea, son cosas que haces de manera cotidiana y no te pones a pensar que harías si el día de mañana no tienes una condición física que te lo permita”, expresa Caamaño Aguilar.
El reportero que escribe esto solicitó al representante legal de la cadena de almacenes su versión de los hechos, pero éste se negó a hacer declaraciones. En cambio se mostró expectante de que el caso pudiera hacerse público.
“¿Quién le dio la información?”, preguntó escuetamente.
María Luisa, afectada por la empresa Walmart. Foto: Jorge Covarrubias
La vida en un claustro
El reportero visita a María Luisa en su hogar una mañana fresca. La mujer trae puesto un suéter que le cubre hasta el cuello, dice que con el clima frío la pasa mal, pues el dolor que siente es más intenso.
Ella muestra sus manos y señala que la coloración es distinta entre una y otra; en la extremidad izquierda —que no puede abrir— se aprecia un tono violáceo y la piel es más seca.
En uno de los muebles de la sala se encuentra un inhalador con salbutamol del que no se separa. Precisa que el 23 de diciembre pasado le detectaron bronquitis y tiene un sensación de ardor en el pecho. Dice que le cuesta trabajo digerir los alimentos y en ocasiones los vomita.
Desde que sufrió las lesiones, María Luisa vive prácticamente enclaustrada en su casa, y sólo sale de ella para acudir a sus consultas médicas. Ahora ni siquiera es capaz de emprender las breves caminatas que solía hacer con su perro alrededor de las calles de la colonia donde vive, asentada en el histórico barrio de Atemajac.
Cuando mucho sale a la esquina acompañada por su madre, y eso ya representa un gran esfuerzo para ella. Se sienta en un machuelo para distraerse un rato, y al cabo de una hora regresa a su hogar totalmente agotada.
Llegada la noche tiende una colchoneta en el piso de su sala y se tira boca abajo procurando no hacer presión en el brazo y el pie que tiene lesionados.
Otras veces duerme en el sofá en la misma posición y con la pierna colgando para no lastimarse. Antes del accidente descansaba en su recámara que se encuentra en la planta alta de su casa, pero ya no es fácil subir las escaleras.
Aún con todos los cuidados, María Luisa no logra conciliar el sueño por más de tres horas. Despierta a menudo durante la noche, y a las cinco de la madrugada ya se ha levantado. Vive con su mamá y su hermano menor de 25 años de edad, Mauro Alejandro, quien padece insuficiencia renal crónica.
Ambos resintieron el infortunio de María Luisa, pues dependían de sus ingresos económicos para solventar sus necesidades y pagar la renta de la casa en que viven.
Ni ella logra explicarse cómo le han hecho para hacer frente a la crisis.
Mantiene fija su mirada cuando habla, por momentos su voz se quiebra como si fuera a estallar en llanto. Comenta que desde el accidente no encuentra sosiego en su vida.
Algunas veces acude a una vecina a visitarla y juntas se ponen a orar, pero ese ejercicio resulta insuficiente pues la resignación no es algo que vaya con María Luisa.
Admite que la mayor parte del tiempo se la pasa pensando en las cosas que disfrutaba antes de caer en desgracia. Pocas veces lo expresa, pero espera un milagro que le devuelva algo de la vitalidad que gozaba.
En México existe el registro de personas que han ganado demandas a Walmart, algunas tan superfluas como la venta de una pantalla de LED en 70 centavos, o laudos de ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, pero hasta ahora no hay antecedente de un juicio de esta naturaleza.
Los abogados de María Luisa señalan que es la primera vez que tienen conocimiento de una situación así. Rivera López dice que a reserva de lo que suceda en el juicio, Walmart no debería ostentarse como Empresa Socialmente Responsable (ESR).
Estos son los dictámenes periciales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre el caso:
