25 de junio de 2025.-La reciente aprobación en el Senado de la República de la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos ha suscitado preocupación entre expertos y la sociedad civil, particularmente por sus implicaciones en la protección de la salud pública y el medio ambiente.
La legislación, impulsada por Morena y sus aliados y aprobada en lo general con 75 votos a favor, permite al Gobierno evitar la consulta pública de sus proyectos de regulación hasta el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.
Esta medida elimina un paso crucial donde los sectores interesados podían hacer observaciones y alertar sobre posibles riesgos o costos excesivos.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta reforma es la exención del Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR) para ocho categorías de documentos, incluyendo explícitamente las normas destinadas a prevenir o mitigar daños a la salud o el medio ambiente.
Esto significa que regulaciones vitales para la protección ciudadana y la sostenibilidad ambiental ya no serán sometidas a un escrutinio técnico y público previo antes de su implementación. La ausencia de este análisis exhaustivo podría acarrear la implementación de políticas con consecuencias no evaluadas adecuadamente, poniendo en riesgo la salud de la población y el equilibrio ecológico del país.
La reforma también contempla la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), una entidad que durante 25 años ha sido un pilar en la transparencia gubernamental al mantener un portal de anteproyectos, funcionando como un repositorio clave de información pública.
Las funciones de la Conamer, junto con las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), serán trasladadas a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta centralización y la eliminación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria han sido señaladas por la senadora Laura Esquivel Torres del PAN como una pérdida significativa de mecanismos de rendición de cuentas.
Si bien los defensores de la ley, como Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, argumentan que busca la simplificación, digitalización y homologación de trámites para garantizar un acceso más transparente, seguro, accesible y económico para la ciudadanía, la oposición ha expresado serias reservas.
Senadores como Néstor Camarillo Medina del PRI han manifestado inquietud por la falta de una garantía real de privacidad y mecanismos de protección en la nueva ley, además de la imposición de un modelo único centralizado a los estados y la no consideración de millones de mexicanos en zonas rurales sin acceso a internet.
Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano (MC) también advirtió sobre la recolección de información personal a cargo de la nueva agencia, refiriéndose a ella como el "Big Brother" de todos los datos de los mexicanos.
En este escenario, la exención de las normas de salud y medio ambiente del Análisis de Impacto Regulatorio se posiciona como el punto de mayor fricción, al representar una amenaza potencial a la capacidad de la sociedad y los expertos para evaluar y opinar sobre decisiones críticas que impactan directamente el bienestar humano y la conservación del entorno natural.
Claves de la Nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos:
¿Qué es la ley?
◦Es una legislación aprobada por el Senado de la República que busca implementar un marco legal para la simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, y la adopción de buenas prácticas regulatorias en los tres órdenes de gobierno.
◦Habilita modelos nacionales para la eliminación de trámites burocráticos, la digitalización, la homologación y la atención ciudadana.
◦Plantea la creación de herramientas digitales como la Llave MX (un mecanismo de autenticación e identificación digital asociado a la CURP), el Expediente Digital Ciudadano (una carpeta electrónica de documentos), el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
◦Su objetivo principal es homologar trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos de atención en los tres niveles de gobierno para eliminar trabas a personas y empresas.
¿Por qué es importante?
◦Según sus promotores, es un proyecto prioritario para acercar derechos a los ciudadanos y modernizar la gestión pública.
◦Busca agilizar trámites burocráticos a nivel local, estatal y federal, solucionando "excesos" para que la población acceda más eficientemente a los servicios públicos.
◦Se propone como una transformación profunda en la relación entre gobierno y ciudadanía, buscando que el gobierno deje de ser un obstáculo y se convierta en un facilitador de derechos.
◦Tiene el potencial de generar productividad y bienestar, además de permitir a la ciudadanía ahorrar recursos económicos y tiempo al hacer trámites más eficientes.
◦Aspira a reducir tiempos y combatir la corrupción mediante un marco más accesible, equitativo, influyente y ágil.
Beneficios (según los promotores):
▪Simplificación y digitalización de procesos administrativos.
▪Acceso más transparente, seguro, accesible y económico a trámites y servicios.
▪Reducción de trámites, requisitos y tiempos de resolución, por ejemplo, trámites para empresas de 55 a 29, y tiempos de 2.6 años a 1 año.
▪Ahorro de recursos y tiempo para la ciudadanía.
▪Combate a la corrupción y modernización del gobierno.
▪Impulso a la producción y el bienestar.
Presuntas Deficiencias (según la oposición):
▪Eliminación de la consulta pública previa de regulaciones, incluso las de alto impacto, hasta el día de su publicación.
▪Exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para normas clave, incluyendo las de salud y medio ambiente, lo que elimina el escrutinio técnico y público.
▪Extinción de la Conamer y pérdida de mecanismos de rendición de cuentas y observación ciudadana.
▪Centralización excesiva de facultades en la Agencia de Transformación Digital, aminorando la autonomía de municipios y estados.
▪Preocupación por la privacidad y recolección de datos personales de los ciudadanos, con la Agencia actuando como un "Big Brother".
▪No considera a millones de mexicanos en zonas rurales que carecen de acceso a internet y computadoras para realizar trámites digitalizados.
▪Impone un modelo único centralizado a estados que ya habían avanzado en la mejora de sus propios trámites.
