Por: Darwin Franco Migues (@darwinfranco)
A la memoria y lucha de Miroslava, Ricardo y Cecilio, periodistas asesinados en México durante 2017
¿Qué palabras se pueden usar para calmar tanta impotencia? ¿Cómo entender que, pese a la existencia de "leyes y mecanismos de protección", seguimos siendo tan vulnerables en nuestro ejercicio periodístico? ¿Cómo decirles a mis alumnos que no se espanten si la fuerza de la realidad nos precisa que en lo que va de 2017, tres colegas han sido asesinados? ¿Cómo hacerles ver que debemos seguir apostando por el periodismo a pesar de que nos han arrebatado a 103 colegas y desaparecido a 25 más?
Miroslava Breach Velducea era corresponsal de La Jornada en Chihuahua hasta que ocho balas le arrebataron la vida, el pasado 23 de marzo. Ocho balas bastaron para que su voz y vida -y nosotros con ellas- perdiéramos a la periodista 103 en los últimos tres sexenios, como con fuerza señala la editorial de la Red de Periodistas de A Pie escrita por Daniela Pastrana.
El día en que murió Miroslava, el Padre Javier Ávila -férreo defensor de los derechos de la comunidad indígena rarámuri y líder de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos- inició su participación en el Seminario de Derecho Crítico "Graves violaciones a los derechos humanos y geografías racializadas del terror" recordando el trabajo que la periodista realizó en la sierra de Chihuahua al denunciar que varios candidatos fueron impuestos por los grupos del crimen organizado que en esta zona se disputan el trasiego de la droga y la explotación de los recursos naturales.
"Me angustia la impunidad" fueron las palabras que el Padre Pato -como se le conoce- expresó para manifestar la tristeza que le provocaba la muerte de quien muchas veces dio eco a las denuncias que por años éste lleva realizando por la violación sistemática a los derechos humanos de las comunidades rarámuri.
El contexto que éste presentó en el Seminario organizado por CIESAS permitió entender que la muerte de Miroslava ni es aislada ni responde a hechos ajenos al crecimiento de la violencia en el estado de Chihuahua; "su muerte", expresó, "forma de la abierta disputa por un territorio que lleva años golpeando a la población chihuahuense".
Y es que en México, más allá del dicho institucional e institucionalizado, ninguno de los 103 homicidios cometidos contra periodistas está desvinculado de los lugares donde éstos habitaban ni de los trabajos que realizaron para evidenciar las profundas raíces de corrupción e impunidad que concatenan al Estado -en sus tres órdenes de gobierno- con el crimen organizado. Así pasó también con Ricardo Monlui en Veracruz, y Cecilio Pineda en Guerrero, ambos compañeros asesinados en este mismo mes de marzo.
A Miroslava, Ricardo y Cecilio (y el nombre e historia de los 100 colegas asesinados) los une no sólo el haber sido periodistas sino también el haber habitado un Estado donde se puede delinquir, desaparecer o asesinar a sabiendas de que el castigo nunca llegará o será profundamente efímero.
Habitamos el país de la impunidad donde es fácil sacar una pistola para disparar ocho balas pensando que esto "matará toda verdad". Habitamos el país donde todo acto de barbarie sólo amerita unas "profundas condolencias" y "una investigación a fondo para encontrar a los culpables".
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), reporta en sus propios archivos estadísticos que de los 103 homicidios cometidos contra periodistas en todo el país sólo existen un total de 52 averiguaciones previas por la comisión de este delito; es decir, la mitad de estos crímenes sólo se quedan en actas de hechos. De las 52 averiguaciones previas por el homicidio de algún periodista dicha Fiscalía sólo ha atraído seis investigaciones. Sí, sólo seis; el 6 por ciento de todos los homicidios.
La Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha resultado no sólo ineficaz sino también inoperante porque ninguno de los mecanismos creados para la protección de quienes sufren amenazas, acoso, hostigamiento o violencia ha impedido que las terribles estadísticas de agresiones, desapariciones y muertes cesen.
Frente a las balas del crimen organizado, las amenazas del poder político y económico sólo tenemos nuestras palabras y la verdad que, día a día, construimos a través de ellas; esto es lo que tenemos y lo que nos queda ante un Estado Mexicano incapaz de brindar seguridad y protección no sólo a los periodistas sino a todos los mexicanos en general.
Tenemos nuestras palabras y la unión que podemos tejer a través de ellas no sólo con el gremio (tan dividido y separado por infinidad de intereses) sino con toda la sociedad que se ve afectada cuando se apaga con la violencia el trabajo y la voz de quienes han dedicado su vida a defender "el derecho a saber".
Cuando decimos "no se mata la verdad matando un periodista" somos sabedores que nuestras palabras prevalecen; sin embargo, no queremos que sólo estas prevalezcan sino también todo y cada uno de sus portadores, así como los que no debieron morir ni tampoco desaparecer y los que hoy desde todos los rincones del país informan sabedores del riesgo que implica hacerlo.
Tenemos nuestras palabras sí pero también queremos nuestras vidas para seguirlas comunicando. Queremos verdad y justicia para todas y todos nuestros compañeros asesinados, desaparecidos y amenazados.
