Por: Hector Guerrero (@mexhector)
En los últimos meses del 2017 han sido asesinados seis periodistas en diferentes estados del territorio nacional. Esto coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel internacional.
No sólo son seis periodistas asesinados en seis meses, son más de cien comunicadores en los últimos once años. A esta estadística le suman que los homicidios tienen una línea directa con su trabajo, es decir, los mataron por hacer periodismo.
Quizá la estadística que más lastima a la profesión, es la que refleja que ninguno de estos caso ha sido resuelto y en ninguno se han impartido la normas de justicia correspondientes o que por lo menos corresponderían a un gobierno democrático implementar. Hasta ahora, las familias de los comunicadores siguen esperando justicia y que su caso sea resuelto. Mientras ellos esperan, más periodistas son asesinados y los crímenes cometidos contra ellos ocupan momentáneamente los titulares de los medios.
Hace más de un mes asesinaron a sangre fría al periodista Javier Valdez Cárdenas a las afueras del semanario Ríodoce del cual era columnista y escritor. Ante la crisis de lo que representa esta enorme cantidad de periodistas asesinados, el Gobierno Federal ha reaccionado de forma endeble y cautelosa, más obligado por la situación que por una convicción propia de actuar ante esta espantosa realidad.
El periodista Javier Valdez Cárdenas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Foto: Héctor Guerrero
Sus acciones no han ido más allá de algunas conferencias de prensa, básicas y poco esperanzadoras.
Ante esta situación, el gremio periodístico no se ha quedado impávido, ha salido a manifestarse en distintas ciudades y ha realizado otras acciones como lecturas públicas del trabajo de Javier Valdez y pega de carteles con su rostro.
En este lapso, también se han ideado propuestas formales. Una de ellas surgió desde el interior de la revista Horizontal, quien convocó a una mesa de diálogo y trabajó junto a colegas de todo el país en la creación de una agenda común para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los periodistas en México.
Hace unos días, durante un evento de la Presidencia con el Consejo de la Comunicación, el periodista del semanario Proceso, Álvaro Delgado, levantó una pancarta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la cual lo conminó a "rectificar" su estrategia de seguridad y no dejar impune el crimen contra el periodista Javier Valdez.
Por supuesto que los reclamos a los diferentes índoles de gobierno no deben mermarse, dejar de exigir a las autoridades que cumplan con su función y el trabajo para el cual fueron electos, sería tanto como aceptar que nuestra realidad no tiene solución. Eso no podemos permitirlo como sociedad, más allá de los giros y funciones que cada uno desarrolle dentro de su comunidad.
Sin embargo valdría la pena, en estos tiempos de crisis, mirar hacia dentro y como periodistas independientes revisar nuestra realidad más allá de la violencia que se vive en las calles ante las bandas de criminales.
La mayoría de los periodistas en lo estados tiene que tener hasta tres o cuatro empleos para aspirar a una vida digna, poder costear la escuela y la vivienda de sus familias. Los corresponsales de los medios nacionales carecen de absoluta seguridad laboral, les pagan por publicación sin ninguna prestación a largo plazo o algún tipo de seguro.
A cambio, los medios nacionales reciben información de primera mano de los corresponsales que viven y trabajan en los lugares donde ocurren las atrocidades, y después se olvidan de ellos. Muchas de las veces, los pagos llegan uno o dos meses después y cuando hay que recortar el presupuesto simplemente ya no se les compran sus notas, fotos o videos. No existe ninguna compensación o remuneración.
Periodismo. Ilustración: Berenice Medina, Revista Cuadrivio
Se habla mucho de que los periodistas en los estados más violentos sufren estrés postraumático, pero muy poco se dice que lo hacen en jornadas extenuantes para así poder pagar el alquiler de una vivienda, obteniendo mensualmente entre $5 mil pesos y $8 mil pesos.
Ejemplos hay muchos. Por citar uno de esos casos, está lo sucedido con Gregorio Jiménez “Goyo”, un periodista que fue asesinado en 2011 en Veracruz, quien ganaba $20 pesos por nota publicada y tenía que tomar fotografías en eventos sociales para completar su salario.
Otro de los casos ejemplares es el de Rubén Espinosa, un fotoperiodista asesinado en la ciudad de México, a quien la revista Proceso le adeudaba tras su muerte, $20 mil pesos de salarios atrasados por su trabajo en Veracruz, la misma revista del periodista que hace unos días increpó al presidente exigiendo justicia.
Cuando impartimos el curso de seguridad a periodistas visuales organizado por Artículo 19 y World Press Photo, algunos periodistas cancelaron su participación porque en sus periódicos no les daban permiso para ausentarse 4 días y tomar el taller que era gratuito.
Protesta por los periodistas asesinados en México. Foto: Especial
En estas circunstancias, vale la pena comenzar a reflexionar desde adentro y mejorar estas condiciones para que los periodistas trabajen más seguros, se acabe el centralismo tan arraigado de la ciudad de México y lo periódicos llamados "nacionales" entiendan que México no es sólo la CDMX. Sepan así que las matanzas y las historias de terror no se escriben sin salir de la capital del país.
Valdría la pena que sus corresponsales tengan contratos con prestaciones y salarios dignos, seguros de vida para sus familias, oficinas regionales y vehículos para trasladarse a los lugares en los que realizan coberturas periodísticas. Tal vez así, generando estos entornos, los periodistas se sentirán respaldados y más seguros a la hora de hacer su trabajo.
