Por: Redacción (@reversomx)
El Gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han entregado el derecho de vía de caminos vecinales y carreteras a la empresa Abengoa, para construir el acueducto de la Presa El Zapotillo a León.
Sin embargo estas autoridades no han acreditado el derecho a hacerlo, ya sea porque el acueducto pasará por ejidos; porque hay permisos que tienen que dar autoridades municipales o porque no se ha consultado ni mucho menos obtenido la autorización respectiva del Congreso del Estado en el caso de caminos que son de dominio público.
Lo anterior forma parte de un reportaje del periodista Agustín del Castillo dado a conocer este lunes en el diario Milenio Jalisco, en el que documenta como, por ejemplo, el Gobierno de Aristóteles Sandoval autorizó el 1 de junio de 2016 que pase el acueducto por el derecho de vía de la carretera estatal 337 que va de Cañadas de Obregón a Valle de Guadalupe.
Esto se fundamenta en el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos López, que dice: “se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”,
Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a 14 municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”.
Estos hechos contradicen la supuesta defensa que dice hacer el Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, del agua para Jalisco, como lo mencionó el 22 de marzo en la celebración del Día Mundial del Agua.
El acueducto de Jalisco a León tendrá una longitud de 140 kilómetros, alrededor de 100 en este estado.
Además de la postura contradictoria, tampoco el Gobierno de Jalisco se ha opuesto a que la Comisión Nacional del Agua obtenga derechos de vía para el acueducto en caminos que conectan a muchas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, donde no se ha respetado el derecho a la consulta.
Agrega el periodista Agustín del Castillo en su reportaje que pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que surgió a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños que ven en el acueducto un despojo de sus aguas.
También el acueducto representa un atentado a los intereses económicos y sociales de estas personas al tratarse de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobretodo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.
El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco.
El documento, dice el reportaje de Milenio, está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.
En esa suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal, pero eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso.
El abogado defensor, Alejandro López Aguayo comentó que los terrenos que entregó la Conagua a la empresa que construye el acueducto están “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…].
El ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.
Agustín del Castillo agrega en su reportaje que los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.