Por: Darwin Franco (@darwinfranco)
Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, vivió un infierno. Lo detuvieron de manera arbitraria el pasado 23 de enero a las afueras de la estación del Metrobús Rosario en la Ciudad de México. Lo acusaron, sin ningún tipo de pruebas, de un robo; Marco Antonio exigió se le respetaran sus derechos; por ello, cuatro policías capitalinos lo golpearon hasta someterlo. Lo esposaron y lo subieron a una patrulla argumentando que sería remitido al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco; sin embargo, esto jamás sucedió.
Lo que sí ocurrió es que desde ese día se le supo desaparecido, la autoridad consideró de manera oficial que Marco Antonio sólo estaba extraviado, ya que para ellos jamás existió una desaparición forzada porque el joven fue soltado a unas cuadras de donde fue detenido. Lo soltaron porque jamás existieron razones reales para detenerlo o, al menos, eso han dicho los cuatro policías que lo detuvieron ante los órganos de control interno de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Los policías siguen actualmente bajo custodia de la autoridad. Sus jefes, fuera de toda lógica, continúan afirmando que jamás existió una detención arbitraria y mucho menos una desaparición forzada, ya que aseguran, que no existieron errores en su proceder sino meras fallas en la aplicación de protocolos.
El artículo 18 de la Constitución Mexicana, así como Ley para el Tratamiento de Menores Infractores de la Ciudad de México, establecen que cuando se detiene a un menor al que se le acusa de cometer algún ilícito su custodia está a cargo de la autoridad que lo haya detenido; así mismo señalan que la obligación de la autoridad es siempre “comunicarse de manera inmediata” con los padres o tutores del menor para hacerles saber las causas y motivos de su detención. Mientras su situación legal se aclara, su seguridad es responsabilidad de la institución a la cual se le entregó al menor tras su detención.
Marco Antonio Sánchez Flores. Foto: Especial
Nada de esto se siguió en el caso de Marco Antonio, ya que a decir de los policías que lo detuvieron arbitrariamente al no existir una confirmación de la queja presentada en su contra, no existía ya delito por perseguir y; por lo tanto, prefirieron soltarlo antes de presentarlo ante un Ministerio Público. Si es cierto que lo soltaron, como aseguran los cuatro policías involucrados en su detención: ¿Por qué Marco Antonio no llegó a casa? ¿Por qué optó por deambular sin rumbo por las calles? ¿Por qué?
Con la única certeza de que Marco Antonio había sido detenido y que sería trasladado al Ministerio Público No. 40 de Azcapotzalco, sus familiares y amigos comenzaron a buscarle; sin embargo, en dicho lugar jamás fue presentado. Lo habían desaparecido de manera forzada, y eso fue lo que sus padres expusieron ante las autoridades de la Ciudad de México, las cuales todavía les dijeron que era muy pronto para declarar a Marco Antonio desaparecido, así que les sugirieron esperar 48 horas no sólo para activar la Alerta Amber sino también para iniciar una carpeta de investigación contra los policías que se lo llevaron.
Las autoridades capitalinas, contrarias a toda lógica, les pidieron esperar siendo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en su artículo 7 precisa que: “Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda”. Nada de esto ocurrió.
Cartón realizado por el monero Rapé para difundir la búsqueda del joven Marco Antonio. Foto: Especial
Marco Antonio no fue verdaderamente buscado hasta que su familia no se presentó con personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en las instalaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México. Ahí fue cuando se les atendió verdaderamente y se les asignó el área de secuestros por ser la instancia gubernamental que mayor tecnología posee para la búsqueda y localización de personas. El delito de desaparición forzada, desde este momento, fue erradicado de todo proceso administrativo y penal.
La presencia pública y mediática de la familia y amigos de Marco Antonio tuvo su punto álgido el 28 de enero cuando se convocó a una manifestación en la Ciudad de México; ahí cientos de personas exigieron su aparición con vida y un castigo a los policías que participaron en su desaparición.
Hasta ese momento se ignoraba que el joven ya había sido visto un día antes por policías municipales de Tlalnepantla en el Estado de México, quienes también lo detuvieron al considerar que su estado físico y mental ponía en peligro su propia vida. Al detenerlo lo presentaron ante un juez cívico quien al no tener elementos para su retención ordenó su liberación inmediata. Marco Antonio salió de dicho juzgado sin saber quién era ni dónde estaba. Esta segunda autoridad tampoco cumplió con la obligación de retenerlo hasta dar aviso a sus padres de su paradero siendo que era un menor de edad. Ni siquiera se le brindó atención médica pese a que las condiciones en las que se encontraba eran terribles.
De ahí, con su mal estado físico y mental, caminó 27 kilómetros hasta llegar al municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, donde finalmente fue localizado por ciudadanos solidarios que, finalmente, le brindaron la ayuda que diversas autoridades le negaron. Lo localizaron a 40 kilómetros de donde se le vio por última vez.
Las primeras imágenes de Marco Antonio tras su localización dejan ver las huellas que la impunidad y la indolencia le dejaron. Obviamente, no era el mismo joven que tomó aquella fotografía a las afueras de la estación del Metrobus en Rosario. El joven de la fotografía era otro al cual se le había despojado de toda calma e identidad.. Su mirada desorbitada sólo era evidencia de un maltrato que, en seis días, transformó al alumno de la Preparatoria No.8 de la UNAM en un joven sumido en el miedo. Marco Antonio ya está con su familia, sitio donde el amor hará que el chico alegre que tomaba fotografías regrese poco a poco.
Manifestación en el Ángel de la Independencia para exigir la búsqueda y regreso de Marco Antonio.
Los delitos de los que fue víctima, no obstante, siguen ahí y son múltiples: detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública; desaparición forzada, tortura, violación a sus derechos constitucionales y humanos. De éstos debe dar cuenta las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, ya que no es posible creer que no exista responsabilidad de los agentes que en seis días hicieron vivir a Marco Antonio, un infierno.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en su artículo 30 precisa que: “Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en el delito de desaparición forzada”; adicionalmente, también contempla que “cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión”.
Marco Antonio, afortunadamente regresó a casa con su familia; sin embargo, miles de jóvenes, como él, siguen actualmente desaparecidos. En México, 42 de cada 100 desaparecidos son jóvenes entre 14 y 29 años. Las detenciones arbitrarias son un mal estructural con el que tienen que lidiar día a día por el simple hecho de ser jóvenes.
Esto le pasó a Marco Antonio, mañana podrías ser tú.
